El gobierno de Collboni ha anunciado que presentará un recurso al fallo de la Audiencia Nacional para salvar la imposición de la tasa.
La conocida como “tasa Amazon” lleva años generando controversias entre grupos políticos, asociaciones logísticas y empresas del sector. La tasa de reparto de ecommerce (TREC) fue aprobada finalmente a principios de este año y, aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) justificó en 2020 la aplicación de este gravamen a Amazon, la compañía ha recurrido esta resolución a la Audiencia Nacional, quien recientemente ha hecho pública la sentencia.
El tribunal ha fallado a favor de Amazon, esgrimiendo que sus filiales logísticas en el país no pueden ser consideradas operadores postales. Ayer, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) presentó una proposición durante la Comisión de Economía para que el gobierno catalán presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que la empresa de Jeff Bezos no esté exenta de pagar dicha tasa.
Ante el beneplácito de todos los partidos políticos presentes, excepto PP y Vox, el parlamento de Cataluña aprobó ayer la propuesta presentada por ERC, que fue también legitimada por el regidor de Economía, Jordi Valls que expresó: “Presentaremos un recurso. Defendemos la tasa, Barcelona tiene que intentar defender al comercio de proximidad del uso abusivo de ciertas actividades”.
PP y Vox se muestran reacios a la imposición de esta tasa, alegando que muchas empresas se han salvado gracias a el reparto a domicilio. Ángeles Esteller, diputada del PP, también defendió el impulso a “la distribución de mercancías eficiente y los incentivos a los vehículos eléctricos” durante la sesión.
UNO: en contra de la “tasa Amazon”
No solo las empresas y algunos líderes políticos se oponen a la aplicación de este impuesto, sino que también lo hacen asociaciones del sector, como la patronal logística UNO. El presidente de la organización, Francisco Aranda, explica que esta tasa “incrementa los costes y reduce las alternativas de ventas del pequeño comercio”.
Desde la patronal, apuntan hacia la necesidad de promover ayudas e incentivos para la consecución de este objetivo, en detrimento de las cargas fiscales propuestas por la administración catalana.
