El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite el recurso contra la tasa de reparto de ecommerce presentado por UNO.
UNO ha expresado en un comunicado su “celebración” por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo que ha presentado para suspender la tasa que grava la actividad de los operadores postales en la ciudad de Barcelona. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso impuesto por la necesidad de estudiar en profundidad las alegaciones presentadas. Sin embargo, ha desestimado la suspensión cautelar solicitada por los operadores, aludiendo al margen temporal del que se dispone (la tasa tiene de plazo para abonarse hasta el 31 de julio de 2024).
UNO considera que la norma aprobada por el Ayuntamiento contraviene principios constitucionales básicos, razón fundamental recogida en el recurso que presentó la patronal para lograr la suspensión inmediata de esta medida.
Por otro lado, la patronal alega que este tributo debe considerarse como una doble imposición al sumarse la nueva tasa a la ya existente en la ciudad por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública, ya que se considera que ambas gravan el aprovechamiento del mismo dominio público.
“La tasa se ha diseñado de un modo absolutamente arbitrario y discriminatorio, al excluir al operador público del gravamen en perjuicio de los demás, lo cual supone una injustificada alteración de las reglas de la libre competencia”.
Francisco Aranda, presidente de UNO
A esto se suma la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, así como la “idea preconcebida” de que el comercio electrónico se opone al comercio tradicional, según expresa UNO.
“Este impuesto generará efectos indeseados como barreras de entrada para que los comercios físicos apuesten por la digitalización, dado el incremento de los costes y las cargas administrativas. Además, se podría trasladar el coste al consumidor final por los ajustados márgenes del comercio minorista; y una contracción de la demanda tal y como el propio Banco de España afirma que ocurre en períodos inflacionistas”.
Francisco Aranda, presidente de UNO.
La patronal se muestra optimista ante el paso del TSJC, que tendrá que tomar una decisión durante las próximas semanas tras la valoración en profundidad de la legalidad de la tasa.
