Diversas asambleas ciudadanas y protestas en la calle han culminado con una petición de intervención al Defensor del Pueblo. La plataforma vecinal Usera-Villaverde ha acudido al organismo para pedir su arbitraje en el conflicto con la planta logística PALM-40, solicitando que se garantice “la información a los ciudadanos y el cumplimiento de la legalidad urbanística”.
Esta decisión, alertan, se ha tomado tras la “inacción de la Administración” al recibir una carta en la que, tras más de dos años de movilizaciones, la red vecinal asegura que este proyecto empresarial “está vulnerando principios fundamentales recogidos en la Constitución y que son propios de un país democrático”.
Así, consideran que “existen irregularidades en la actuación de los responsables de la administración municipal de Madrid, en esta materia, con respecto a la construcción de plataformas logísticas dentro de la ciudad, pegadas a las viviendas de familias residentes y “usurpando” calles urbanas de uso y tránsito peatonal y de vehículos ligeros. Denunciamos, además, el incumplimiento en sede plenaria municipal y otros espacios públicos, de acuerdos y decisiones tomadas legítimamente por mayorías representativas”.
Se calcula que muy pronto PALM-40, que está concebida como la plataforma de distribución de última milla más grande la capital, acogerá 2.000 operaciones diarias, lo que implica un desorbitado incremento del tráfico en una zona muy poblada, y, como consecuencia, “niveles inaceptables de ruido y polución, con el consecuente aumento de las enfermedades respiratorias y nerviosas”, según entidades vecinales.
En su petición, la plataforma ha pedido al Defensor del Pueblo que supervise la actuación de las administraciones a fin de garantizar la participación pública, la información a los ciudadanos y el cumplimiento de la legalidad urbanística, pidiendo que “se siga la normativa medioambiental vigente evitando posibles daños al medioambiente y el consiguiente perjuicio para la salud de los vecinos”.
