La posible conversión de los Centros Portuarios de Empleo (CPE) en sociedades de tipo mutualista ha vuelto a tensar la relación entre las operadoras portuarias y los sindicatos de la estiba. La Proposición No de Ley, aprobada a finales de marzo en la Comisión de Transportes del Congreso de Diputados, vuelve a poner sobre la mesa el choque de intereses de ambos colectivos.
La presentación de la proposición, que corrió a cargo del PSOE, tuvo el voto favorable de ocho grupos parlamentarios y una abstención, lo que ha permitido a Antolín Goya, coordinador estatal de Estibadores Portuarios, sentirse optimista ante el amplio respaldo de los grupos hacia una PNL pensada, en su opinión, para clarificar el régimen jurídico y societario de estos centros. Cabe recordar que los Centros Portuarios, antiguas Sagep, surgieron de la reforma de la estiba de 2017 tras un extenso conflicto en los puertos.
Dos posiciones encontradas
El reconocimiento del carácter mutualista de los CPE es, para Coordinadora, un paso muy importante para culminar la reforma de la actividad portuaria, lo que “permitirá salvar cualquier impedimento encaminado a la firma del V Acuerdo Marco del sector, alcanzado entre patronal y sindicatos”.
No obstante, la noticia no ha sido recibida con el mismo optimismo por la otra parte implicada: las operadoras portuarias. Reunidas en Asoport, desde donde ya han comenzado a tomar medidas para frenar esta iniciativa, el colectivo rechaza la reforma al considerar que parte de “un chantaje”.
A través de un comunicado, la asociación estatal asegura que esta iniciativa atenta contra la liberalización del sector, remontándose a la esencia del conflicto sobre los requerimientos del V Acuerdo Marco, donde se establecía la contratación prioritaria de los trabajadores de los CEP, lo cual, a su juicio, responde a “un monopolio abusivo que encarece entre dos y tres veces la mano de obra y el coste del servicio”. Asimismo, alude a “un chantaje de los sindicatos corporativos de los estibadores”.
Para frenar esta reforma, Asoport ya ha enviado una carta de denuncia sobre la situación en los puertos a la Comisión Europea, que será remitida al Gobierno y la CNMC.
