Si la implantación de peajes a partir de 2024, esbozada por el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, finalmente alcanza el consenso, el Ejecutivo buscará alternativas para dejar exento de pago al sector del transporte.
De concretarse la medida, apuntaba el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, el Gobierno está dispuesto a debatir las compensaciones por el pago de los peajes en las carreteras que ha planteado el proyecto, sobre todo en lo que respecta a los transportistas profesionales.
Equilibrar las cuentas
Si bien el secretario ha defendido que esta es una medida “justa” porque pagarán por la carretera aquellos que la usan, además de impulsar el éxodo a otras formas de transporte menos contaminantes como el ferrocarril, desde que se anunciara esta propuesta han sido numerosas las voces que se han alzado contra los nuevos peajes.
“El consumidor final va a ver cómo el precio de todos los productos sube porque prácticamente todo se transporta en un camión”, adelantaba el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz.
En el caso de que al sector del transporte se le aplicase el céntimo por kilómetro que el Gobierno maneja como el precio que rondarían los futuros peajes, atravesar el país de punta a punta podría suponer un coste adicional de 16 euros por tráiler.
Por otra parte, si se aplicara en base a lo calculado por la patronal de las concesionarias (Seopan) para gravar este tipo de vehículos, que estaría estimado en unos 19 céntimos, esta partida adicional se dispararía hasta los 150 euros.
De pagar, ¿cuál es la solución?
Más allá de las consecuencias sobre la competitividad del sector y la seguridad de los profesionales, de los que ya alertaba ASTIC la semana pasada, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), ha apuntado que, si se opta finalmente por llevar adelante los planes presentados a Bruselas, el modelo que mejor encajaría sería el del pago de una viñeta anual, como ya se hace en Austria o Hungría.
Para Juan José Gil, secretario general de la Federación, la instalación de pórticos que controlen los coches que circulan para después aplicarlos es un método muy costoso del que las principales beneficiarias serían las empresas concesionarias que los gestionan.
