La futura implantación de una medida que “permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede con el resto de las infraestructuras”, se ha topado de frente con la patronal logística UNO.
Lo explicado en el documento del Plan ‘España Puede’ presentado por el Gobierno ha reabierto un debate en el que Francisco Aranda, presidente de la patronal, ya ha asegurado que, en calidad de representante del sector logístico y de transporte, apoyará la moción del PP en el Senado para frenar la propuesta del Gobierno de cobrar peajes en autovías.
Tras reunirse con el Grupo Parlamentario Popular en el Senado para analizar el contenido de la moción presentada en el registro de la Cámara Alta, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Aranda ha apuntado que “aumentar la recaudación a base de propuestas como esta, que supondrá un importante coste para los profesionales del transporte, es tremendamente inoportuno”.
¿Un paso atrás en el ‘hub logístico mundial’?
En esta línea, UNO ha subrayado que los distintos actores implicados en el sector continúan esforzándose para hacer de España un hub logístico mundial y “este tipo de propuestas nos alejan de nuestro objetivo”. Por ello, han decidido respaldar una iniciativa que, esperan, “evite que debamos pagar de nuevo por algo cuyo coste ya asumimos con nuestros impuestos”, asegura el presidente.
Asimismo, Franscisco Bernabé, portavoz de Transportes del Grupo Parlamentario Popular, denuncia la falta de consenso y diálogo con el resto de las fuerzas políticas y el sector del transporte, y asegura que la medida “traerá la pérdida de muchos empleos y el cierre de muchas empresas de transportistas”.
El sector del transporte supone el 8,5 por ciento del PIB y genera más de 1.300.000 empleos, lo que “nos da una idea del alcance socio económico” del sector y lo que “supondría una cascada de quiebras de empresas por la decisión de cobrar peajes”, concluye.
Al otro lado de la balanza
De establecerse finalmente el pago por uso, según la patronal de las constructoras y concesionarias, Seopan, la tarifa debería ser de 9 céntimos por kilómetro para turismos y en 19 céntimos por kilómetro para vehículos pesados. Con estas tasas calcula que se recaudarían unos 104.000 millones de euros en 25 años.
Por su parte, la máxima autoridad en esta materia, José Luis Ábalos, ministro de transportes, ya recalcaba en enero, ante las primeras quejas, que “el conductor que usa su vehículo para ir a trabajar diariamente por la autopista no deberá pagar nada”. A los que no les quedará de otra, sin embargo, será a las empresas que hagan uso de estas infraestructuras para “ser más competitivos”, es decir, empresas de transporte de mercancía por carretera incluidas.
Desde su administración, sin embargo, se quiso hacer hincapié en que, una vez descontados los gastos de mantenimiento de las carreteras, el excedente irá destinado a abaratar los costes de los peajes en las autopistas de pago y unificar el coste por kilómetro en todo el territorio.
Ante esta propuesta recogida en la Ley de Movilidad, representantes del sector del transporte de mercancías, como la CETM, han mostrado su malestar ante la medida sin rechazar la posibilidad de pagar por el uso de las carreteras siempre y cuando “el modelo de financiación no suponga un aumento de la fiscalidad destinado al mantenimiento de las infraestructuras. Es inaceptable que el pago por uso de las mismas recaiga solo sobre las empresas de transporte de mercancías por carretera, puesto que el mantenimiento debe ir ligado al uso proporcional, incluyendo a todos los usuarios”.
