Siete organizaciones de transportistas del ámbito nacional se han mostrado en contra de la instalación del peaje guipuzcoano y respaldan la convocatoria de paro nacional en la provincia afectada acordada el pasado miércoles 20 de diciembre por el Comité Nacional de Transporte por Carretera y que tendrá lugar desde las 0 horas del martes 2 de enero hasta las 24 del viernes 5.
FENADISMER, CETM, FETRANSA, FIRTRANS, FVET, ATFRIE y ANTID, han anunciado continuar en la línea de esta protesta respaldando el paro nacional para evitar el nuevo peaje para camiones que está previsto instalar en la carretera nacional N-1 que une Madrid con Irún a su paso por dicha provincia y que, a priori, podría tener perjuicios para más de 6.000 transportistas de larga distancia que emplean dicha vía como tránsito obligado hacia el resto de Europa.
Asimismo las organizaciones convocantes del paro lo han puesto en conocimiento de sus homólogas europeas, a fin de que eviten el tránsito de sus vehículos por la provincia de Guipúzcoa, utilizando vías alternativas para acceder a nuestro país en el caso de tener que transportar mercancías con destino a otras provincias españolas.
Pese a que el referido Gobierno provincial había anunciado la puesta en marcha del nuevo peaje para la primera semana de Enero, a fecha de hoy FENADISMER informa de que “sigue sin concretar la fecha de entada en vigor de la misma, con el agravante de que a fecha de hoy sigue sin estar activado la Aplicación informática que permite el registro de las matrículas para aquellos transportistas que vayan a transitar por dicha vía una vez entre en vigor el peaje”, sin que tampoco se esté informando a los transportistas afectados sobre cuando estará habilitado dicho Registro.
Por su parte, todas estas organizaciones declaran permanecer esperando a que en las próximas semanas el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco resuelva el recurso judicial interpuesto en contra de la aplicación del nuevo peaje, argumentando que dicha medida “vulnera manifiestamente las Directivas europeas sobre tarificación de infraestructuras, en especial en lo referente a su carácter discriminatorio en función del trayecto a realizar, así como por el importe absolutamente desproporcionado de los peajes establecidos, llegando a duplicar el coste medio del peaje para camiones en las autopistas de peaje en España, que se sitúa en los 0’18 euros, con el agravante de que la N-1 se trata de una vía convencional carente de los elementos técnicos y de trazado propios de una autopista de peaje.
