La patronal del sector logístico y del transporte, UNO, ha mostrado su firme oposición al anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la próxima aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El proyecto de ley está previsto que se apruebe el próximo martes, 29 de abril, en Consejo de Ministros.
El presidente de UNO, Francisco Aranda, ha criticado con dureza tanto el contenido de la medida como la forma en que se ha planteado. Considera que el Gobierno ha actuado de forma unilateral, sin diálogo con los sectores afectados y sin realizar un análisis riguroso del impacto que puede tener en el empleo y en la competitividad del país. A su juicio, se trata de una medida “improvisada y políticamente oportunista”.
Aranda ha advertido de que la imposición por decreto de una jornada reducida, sin estar acompañada de reformas que mejoren la productividad, supondrá un golpe importante para sectores como la logística y el transporte, que son intensivos en empleo y esenciales para el funcionamiento de la economía.
Un cambio con consecuencias inciertas para el empleo
Desde la organización empresarial se alerta de las consecuencias que podría acarrear esta reforma, como una menor contratación indefinida a tiempo completo, un aumento de la presión sobre las pequeñas y medianas empresas y una menor capacidad para mejorar los salarios reales. Aranda ha sido claro al respecto: “adoptar medidas sin considerar las realidades estructurales y económicas de los diferentes sectores empujará a muchas empresas a la desaparición”.
Además, ha señalado que este tipo de decisiones pueden agravar aún más la situación del mercado laboral español, que ya presenta una de las tasas de paro más elevadas de Europa. En lugar de reformas que, según UNO, dificultan la creación de empleo, la patronal pide al Gobierno que se enfoque en medidas estructurales como la reducción de las cotizaciones sociales, el combate al absentismo laboral y la creación de un marco legal más flexible y adaptado a la realidad empresarial.
Por último, Aranda ha vinculado el anuncio del Ministerio de Trabajo con la polémica en torno al gasto en defensa: “este anuncio llega en plena polémica por el aumento del gasto militar en los PGE, lo que hace sospechar que el Ministerio de Trabajo esté utilizando esta medida como una cortina de humo para desviar la atención pública”. En este sentido, el presidente de la patronal logística ha advertido que el empleo no puede usarse como elemento de distracción política y ha insistido en que las decisiones que afectan al mercado laboral deben tomarse con “seriedad, consenso y visión de largo plazo”.
