Juan Diego Pedrero, gerente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP)
La Asociación
de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) ha mostrado su disconformidad
con las interpretaciones realizadas por algunos medios de comunicación sobre los
resultados económicos de Renfe
Mercancías en el año 2012.
Dichas informaciones señalaban que el operador
público había conseguido cerrar el ejercicio con una reducción de pérdidas,
hasta los 46 millones de euros. Sin embargo, la AEFP considera que esta cifra es un 55 por 100 inferior a la realidad contable.
Del análisis de las cuentas ya auditadas y su comparación con el ejercicio anterior se
deduce -siempre según la AEFP- que Renfe Mercancías perdió 71,5
millones de euros en el ejercicio 2012. Como sus ventas por tráfico
quedaron en 177,5 millones, el resultado sería una pérdida del 40 por 100 de lo que
ingresó (empeorando en 12 puntos respecto a 2011).
Asimismo, continua el análisis de las privadas ferroviarias, el EBITDA de 2012 empeoró hasta 36,4
millones de pérdidas, lo cual equivale a señalar que cada tonelada
transportada por Renfe Mercancías fue directamente subvencionada en 2,13 euros
y pagó 10,4 de tarifa.
La cifra de 2,13 euros se obtiene al dividir el
EBITDA negativo por el número de toneladas transportadas. Asimismo, la cifra de
10,4 euros se obtiene al dividir el total de ingresos por el número de
toneladas transportadas.
La AEFP observa “con creciente alarma y
preocupación el deterioro constante y sistemático de las cuentas de Renfe
Mercancías, que además se acompaña de una dramática
disminución del volumen de ventas”, señalan las mismas fuentes. Concretamente las ventas cayeron un 14,5 por 100, cifra superior al descenso de toneladas
transportadas, que disminuyó un 1,5 por 100.
Ante la preocupante situación del sector de
transporte ferroviario de mercancías en España, Juan Diego Pedrero, gerente de la AEFP, cree que estas cifras
solo se explican desde una “política generaliza
de reducción de precios que Renfe Mercancías continúa practicando a pesar de
sus elevadas pérdidas. El operador público no
debería incidir en prácticas
anticompetitivas, muy alejadas de su estructura de costes, la cual es
evidente que no le permite vender a esos precios”.
