Los cargadores rechazan que exista una negativa a aplicar la cláusula y advierten de dificultades operativas por la falta de periodo transitorio y la adaptación de los sistemas de facturación.
La nueva fórmula de revisión automática del precio del transporte en función de la evolución del gasóleo ha reabierto la tensión entre transportistas y cargadores. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha valorado positivamente la publicación del Real Decreto-ley 9/2026, aunque ha advertido de posibles interpretaciones por parte de organizaciones de cargadores que, a su juicio, podrían limitar la aplicación efectiva de la norma.
La medida busca actualizar automáticamente los precios del transporte por carretera conforme a la evolución del combustible, en un contexto marcado por la incertidumbre energética y el incremento de los costes de explotación. Para el CNTC, este mecanismo permite evitar que las empresas transportistas asuman en solitario el impacto económico derivado de las subidas del gasóleo.
Revisión automática y seguridad jurídica
Uno de los puntos destacados por el Comité es el refuerzo de la seguridad jurídica. Según recoge el comunicado, la norma establece que cualquier pacto en contrario será considerado nulo de pleno derecho, con el objetivo de impedir acuerdos que desvirtúen la aplicación real del mecanismo de revisión de precios.
Además, el Real Decreto-ley 9/2026 incorpora un régimen sancionador específico para actuar frente a incumplimientos puntuales o reiterados. Para el CNTC, este punto resulta clave para garantizar que la revisión se aplique de forma efectiva en las relaciones comerciales del transporte de mercancías por carretera.
En la misma línea, Fenadismer, junto al resto de organizaciones integradas en el Comité Nacional, ha respaldado la nueva cláusula de revisión del gasóleo, al considerar que responde a una reivindicación del sector y contribuye a corregir el desequilibrio entre la evolución de los costes y los precios del servicio.
Malestar entre los cargadores
La posición del CNTC ha generado malestar entre asociaciones de cargadores, que rechazan que exista una voluntad generalizada de evitar la aplicación de la norma. En declaraciones a C de Comunicación, Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España (ACE), señala que el problema no está en la aceptación de la cláusula, sino en su aplicación operativa.
“No es que no queramos pagar la cláusula. Yo no le he oído eso a ningún cargador. El tema es que nos está costando adaptarnos”, afirma Lacaci, que apunta a la necesidad de modificar sistemas informáticos, procesos internos y procedimientos de facturación.
Según explica, uno de los principales problemas es la ausencia de un periodo transitorio. “Habría sido necesario un periodo transitorio, por lo menos de tres meses”, sostiene, especialmente porque la nueva normativa exige revisar la cláusula en cada periodo de facturación.
Facturación y disponibilidad del dato
Desde el lado de los cargadores, una de las principales dificultades se encuentra en la referencia del precio del gasóleo y en su encaje con los cierres de facturación. Lacaci advierte de que, en algunos casos, las empresas deben facturar transportes sin disponer todavía del dato actualizado de la última semana publicado por el Ministerio.
“Se ha sacado un Real Decreto sin tener en cuenta la operativa, la carga administrativa y la dificultad que podía suponer, no por no querer, sino por cómo está concebido el sistema”.
Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España (ACE)
“Si esa última semana no está disponible el precio del gasóleo en la página web del Ministerio, ¿qué haces?”, plantea. En este sentido, apunta a posibles soluciones operativas como modificar periodos de facturación, emitir facturas complementarias o incorporar ajustes en el mes siguiente, opciones que aumentan la carga administrativa.
