UNO Logística ha presentado una guía operativa para facilitar la interpretación y aplicación del recargo legal del combustible en el transporte de mercancías, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios energéticos y los recientes cambios normativos.
El documento tiene como objetivo ayudar a los operadores a trasladar a la operativa diaria las modificaciones introducidas por tres reales decretos vinculados a la situación geopolítica en Oriente Próximo, que afectan a la fórmula de cálculo para la repercusión del coste del carburante en los contratos.
Una herramienta para aportar seguridad jurídica
Desde la patronal explican que la iniciativa busca dar respuesta a la incertidumbre generada en el sector: “El objetivo de esta guía es aportar seguridad jurídica en un entorno complejo”, señalan desde UNO, que advierte de las dificultades existentes para aplicar correctamente estos mecanismos en las relaciones comerciales.
En este sentido, la organización apunta que los cambios normativos recientes han generado dudas entre las empresas, especialmente en lo relativo a la metodología de cálculo, lo que puede tener impacto en su competitividad.
La guía, de carácter práctico, se plantea como una herramienta de simulación para evaluar el impacto de la variación del precio del combustible en los costes de explotación de cada empresa.
Impacto en costes y reclamaciones al sector público
UNO recuerda que el incremento del precio del combustible tiene un efecto directo sobre la estructura de costes del transporte, lo que hace necesario contar con instrumentos que permitan aplicar estos ajustes de forma transparente en toda la cadena logística.
Además, la asociación subraya que el sector se enfrenta a un escenario prolongado de inestabilidad: “No estamos ante una situación puntual, sino que el sector lleva años enfrentándose a escenarios de inestabilidad prolongada”, advierten.
En paralelo, han reclamado la ampliación de las ayudas al transporte actualmente en vigor y la activación de las pendientes, señalando que su vigencia debería extenderse más allá del 30 de junio mientras persista la situación actual.
