La aprobación de la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, supone uno de los mayores cambios normativos de las últimas décadas en el ámbito del transporte.
Por primera vez, España dispone de una legislación que integra sostenibilidad, digitalización, eficiencia energética y cohesión territorial bajo una misma estrategia.
El texto reconoce la movilidad como un derecho ciudadano y crea un Sistema General de Movilidad Sostenible articulado en instrumentos como el DOMOS, el IPEEM o el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM).
Pero más allá de la arquitectura institucional, la ley plantea una cuestión decisiva: ¿cómo afectará esta transición verde y digital al empleo en el transporte y la logística?
Porque detrás de cada camión, tren o almacén automatizado hay personas. Y su adaptación será la verdadera medida del éxito de esta transformación.
Transición verde y digital: una oportunidad con riesgos laborales
El nuevo marco normativo impulsa una movilidad descarbonizada, digital y segura, lo que redefine los perfiles y funciones del empleo en el transporte de mercancías. Conductores, técnicos, planificadores o personal de operaciones deberán adaptarse a un entorno tecnológicamente exigente y en constante evolución.
Tres ejes de cambio clave
- Nuevas competencias profesionales.
La digitalización obligatoria de documentos de control y hojas de ruta exigirá competencias tecnológicas básicas. La nueva gestión de datos a generará nuevos perfiles en trazabilidad, análisis y gestión de flotas inteligentes. Además, la expansión del transporte ferroviario e intermodal impulsará profesiones técnicas en mantenimiento y coordinación logística.
- Cambios en las condiciones laborales.
El impulso al ferrocarril puede provocar reajustes en el transporte por carretera, afectando especialmente a autónomos y pymes. A su vez, la renovación de flotas de bajas emisiones abrirá nichos de empleo en mantenimiento eléctrico, recarga energética y gestión digital de vehículos.
- Riesgos laborales emergentes.
La digitalización intensiva conlleva mayor carga cognitiva. La automatización progresiva puede sustituir puestos tradicionales, sobre todo entre trabajadores de mayor edad o con baja cualificación digital. La sostenibilidad no puede alcanzarse a costa de la precarización.
Formación y profesionalización: el papel de la capacitación
Uno de los mayores aciertos de la ley es su apuesta por la formación continua como herramienta estratégica de sostenibilidad laboral.
El artículo 93 obliga a detectar las necesidades formativas del sistema productivo, vinculando la política de empleo con la de transporte.
La movilidad del futuro demandará profesionales híbridos, capaces de combinar conocimiento técnico, competencia digital y sensibilidad ambiental.
Tres ejes formativos se consolidan como prioritarios:
- Digitalización y gestión inteligente: trazabilidad, flotas conectadas, conducción asistida.
- Transición energética: mantenimiento eléctrico, energías alternativas, eco-conducción.
- Seguridad y bienestar laboral: ergonomía, prevención de fatiga y zonas de estacionamiento seguras.
La coordinación entre administraciones, empresas y universidades y centros de formación especializados será crucial para crear itinerarios de recualificación ágiles y reconocibles.
La movilidad sostenible no se logrará solo con infraestructuras o normativa: necesita personas capacitadas para gestionarla y sostenerla.
Un nuevo mapa del empleo logístico
El impacto de la ley sobre el empleo será desigual según el modo de transporte y el territorio:
- En carretera, se reducirá progresivamente el empleo tradicional, pero aumentarán los puestos técnicos en digitalización y mantenimiento.
- En ferrocarril, la creación de autopistas ferroviarias y corredores estratégicos generará empleo verde en operaciones y planificación intermodal.
- En la logística, la digitalización de la cadena de suministro impulsará profesiones ligadas al análisis de datos, la ciberseguridad y la sostenibilidad ambiental.
El empleo tenderá a concentrarse en corredores logísticos sostenibles y áreas metropolitanas, mientras que las regiones rurales podrían requerir apoyo institucional para mantener la actividad. El gran desafío será evitar brechas laborales entre quienes se adaptan al cambio tecnológico y quienes quedan fuera del nuevo ecosistema.
Medir la sostenibilidad también en términos humanos
La movilidad sostenible no puede medirse solo en toneladas de CO₂ evitadas o kilómetros electrificados. Debe medirse también en trabajo digno, estable y con futuro.
El reconocimiento de la movilidad como derecho ciudadano implica que los trabajadores del transporte y la logística son agentes esenciales de la sostenibilidad.
Garantizar su bienestar, su seguridad y su desarrollo profesional forma parte del mismo compromiso ambiental que inspira la ley. En este sentido, iniciativas como la creación de zonas de estacionamiento seguras, la mejora de la salud laboral y la conciliación son pasos en la dirección correcta.
La transición justa como motor de futuro
La Ley 9/2025 es una oportunidad histórica para modernizar el transporte de mercancías y la logística, hacerlos más verdes, eficientes y conectados.
Sin embargo, su éxito dependerá de cómo se gestione el impacto humano de esa transición.
El reto no está solo en la tecnología, sino en reconvertir el empleo, formar a los trabajadores y garantizar que la sostenibilidad también sea social. La digitalización y la transición energética deben ir acompañadas de formación, protección laboral y diálogo social.
En definitiva, el empleo del futuro en el transporte será más digital, más verde y más técnico, pero también debe ser más humano y más digno. Solo así la Ley 9/2025 podrá cumplir su promesa: hacer de la movilidad sostenible un motor de progreso económico, cohesión social y trabajo decente para todos.
