Los transportistas se enfrentan nuevamente a los cargadores. En esta ocasión, se quejan de que les piden obtener ilegalmente las licencias internacionales.
Las empresas cargadoras instan a sus transportistas a obtener ilegalmente las licencias comunitarias internacionales a través de determinadas gestorías, pese a no cumplir el requisito de competencia profesional, incurriendo en posible delito de falsedad documental, según aseguran desde Fenadismer.
Desde el pasado 22 de mayo los transportistas de vehículos ligeros de más de 2,5 toneladas que pretendan realizar transporte internacional deben solicitar una licencia comunitaria ante el Ministerio de Transportes, que para agilizar su tramitación sustituyó la necesidad de acreditar los requisitos necesarios para su obtención por una declaración responsable firmada por el transportista.
Ante el previsible volumen de transportistas afectados por la nueva regulación, el Ministerio de Transportes estableció un procedimiento ágil de solicitud de la licencia comunitaria durante este año 2022, eximiendo a los transportistas de aportar los documentos acreditativos de los requisitos exigidos para su obtención, sustituyéndolos por la presentación de una declaración responsable acreditativa de que los cumplen.
La presentación de dicha declaración significa que el transportista reconoce que cumple tanto con el requisito de competencia profesional como los relativos al establecimiento, honorabilidad y capacidad económica exigidos.
Autorizaciones ilegales
Sin embargo, desde Fenadismer aseguran que, “este procedimiento simplificado de tramitación de la licencias administrativas para trabajar en la Unión Europea, está sirviendo a empresas cargadoras para instar a sus transportistas colaboradores a obtener ilegalmente dichas autorizaciones sin cumplir el requisito de competencia profesional, utilizando para ello la cooperación de gestorías especializadas que proceden a tramitar las licencias comunitarias sin advertirles a los transportistas de que la firma de dicha declaración sin cumplir los requisitos, además de ilegal, implica incurrir en un posible delito penal por falsedad documental”.
Fenadismer explica además que, “en todo caso, la comprobación del cumplimiento de dichos requisitos se llevará a cabo por la Comunidad Autónoma de residencia del transportista con ocasión del visado que se llevará a cabo en 2023, sin perjuicio de las posibles inspecciones de control de cumplimiento de los requisitos que se lleven a cabo durante este año”.
