La Administración de Donald Trump ha activado un arancel global del 15 % sobre la mayoría de bienes importados en Estados Unidos, tras el fallo del Tribunal Supremo que invalidó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como base jurídica para el esquema arancelario aplicado hasta ahora.
La decisión del Supremo se produce meses después de que el Tribunal de Comercio Internacional suspendiera en mayo de 2025 los aranceles del 50 % anunciados por la Administración, al considerar que excedían las competencias ejecutivas. Aquel pronunciamiento abrió un proceso judicial que ha desembocado ahora en la revisión del fundamento legal utilizado para imponer los gravámenes.
El nuevo recargo se aplica al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y tendrá una vigencia inicial de 150 días, hasta finales de julio, salvo que el Congreso autorice su prórroga.
Trump anunció inicialmente un arancel del 10 % como medida transitoria, pero posteriormente elevó el tipo al 15 %, defendiendo públicamente su legalidad. En declaraciones difundidas a través de sus canales oficiales, el presidente señaló que “cualquier país que intente cuestionar la nueva base jurídica podría enfrentarse a gravámenes adicionales”.
Cambio de base legal tras el fallo del Supremo
El Tribunal Supremo limitó la aplicación de la IEEPA para imponer aranceles, pero no declaró inconstitucional la potestad presidencial para aplicar gravámenes en el ámbito comercial. Esta interpretación ha permitido al Ejecutivo recurrir a otras disposiciones previstas en la legislación estadounidense.
Asimismo, el arancel del 15 % se aplica con carácter general, aunque quedan excluidos determinados productos agrícolas, farmacéuticos, energéticos y otros sectores que ya estaban sujetos a regímenes específicos, como el acero y el aluminio.
Reclamaciones por los aranceles anulados
Tras la resolución judicial, se han acumulado en Estados Unidos reclamaciones de reembolso por los importes abonados bajo el esquema invalidado. Empresas importadoras y autoridades estatales han iniciado procedimientos para recuperar las cantidades recaudadas.
Desde la Administración, el secretario del Tesoro ha señalado que la devolución de los fondos no está garantizada, lo que anticipa un proceso judicial prolongado en relación con los aranceles aplicados en los últimos meses.
Por otro lado, para el sector logístico en España y en el conjunto de la Unión Europea, el nuevo arancel implica la revisión de costes en operaciones con destino u origen en Estados Unidos. Operadores portuarios, transitarios y empresas exportadoras están ajustando previsiones ante la entrada en vigor del 15 %, especialmente en sectores industriales y agroalimentarios.
En paralelo, la Comisión Europea ha solicitado aclaraciones sobre el alcance de la medida y evalúa su encaje en los compromisos comerciales existentes, en un contexto marcado por la posibilidad de respuestas comerciales y ajustes adicionales en los flujos internacionales.
