El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha puesto en marcha la línea ICO Crecimiento Exportadores, dotada con 750 millones de euros para financiar proyectos de inversión y modernización de pequeñas y medianas empresas con actividad internacional afectadas por el actual entorno arancelario.
La medida se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuenta con un componente de 181 millones de euros en ayudas directas procedentes de fondos Next Generation EU, lo que permitirá mejorar las condiciones financieras de las operaciones mediante tramos no reembolsables y bonificaciones de tipo de interés.
La línea está dirigida a pymes exportadoras e importadoras cuya actividad exterior represente al menos el 5% de su cifra de negocio, así como a empresas integradas en cadenas de valor globales que se vean afectadas indirectamente por el contexto comercial. Entre los requisitos figura una antigüedad mínima de cuatro años.
Inversión productiva y adaptación a nuevos mercados
El objetivo del instrumento es facilitar estrategias de adaptación ante la incertidumbre arancelaria y geopolítica, permitiendo financiar tanto activos materiales —maquinaria, instalaciones, equipos— como inversiones en digitalización, tecnología, capacidades organizativas, marca o propiedad intelectual. También se contempla la financiación de capital circulante vinculado a los proyectos.
Los préstamos podrán incluir un tramo no reembolsable de hasta el 30% del importe nominal, con un límite de 200.000 euros por operación. El importe mínimo de financiación será de 50.000 euros, sin tope máximo establecido, y con plazos de amortización de entre cinco y diez años. Las solicitudes podrán tramitarse íntegramente por vía digital a través del canal online del ICO.
Conexión con la planificación logística y la movilidad sostenible
La activación de esta línea se produce en un contexto en el que el Ejecutivo ha reforzado el marco normativo y estratégico del transporte y la logística. La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada el pasado octubre en el Congreso, incorporó medidas orientadas a la digitalización obligatoria del transporte por carretera, la creación de nodos logísticos de importancia estratégica estatal y el impulso al ferrocarril de mercancías mediante bonificaciones y apoyo al cambio modal.
Ambas iniciativas —la financiera y la normativa— forman parte del cumplimiento de los compromisos asociados a los fondos europeos y comparten un eje común: mejorar la competitividad y resiliencia del tejido productivo ante un entorno internacional más volátil.
