Las restricciones a la circulación de vehículos pesados aplicadas por la Dirección General de Tráfico durante el paso de la borrasca Ingrid han intensificado la tensión entre la administración y el sector del transporte por carretera. Las principales asociaciones de transportistas, integradas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), han solicitado formalmente el cese del director general de Tráfico, Pere Navarro, al considerar desproporcionada la gestión de las restricciones preventivas.
La medida, en vigor desde la medianoche del viernes 23 de enero, prohibía la circulación de camiones de más de 7.500 kg en amplias zonas del norte y centro peninsular ante la previsión de nevadas. Según datos de la DGT, llegaron a verse afectadas más de 125 carreteras, seis de ellas de la red principal, y se restringió el tráfico pesado en más de 3.000 kilómetros de vías, incluyendo 30 autovías y carreteras nacionales.
Aunque la DGT anunció en la mañana del sábado 24 el levantamiento de la mayor parte de las restricciones preventivas, el sector denuncia que la decisión provocó el embolsamiento de miles de camiones y obligó a numerosos conductores a pasar la noche en carretera, sin margen para una planificación alternativa.
Desde el CNTC —órgano en el que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ostenta el 55% de la representación— se estima que más de 10.000 camiones quedaron retenidos de forma simultánea, incluso en tramos donde finalmente no se registraron nevadas significativas.
En un comunicado conjunto, las organizaciones nacionales de transportistas consideran que la decisión se adoptó “sobre la base de previsiones meteorológicas que no se cumplieron” y reclaman que las restricciones al tráfico pesado se ajusten a la situación real de las vías y no a escenarios preventivos generalizados.
En la misma línea, Fenadismer ha señalado que la prohibición afectó a mercancías perecederas, animales vivos y productos peligrosos, alertando del impacto económico y operativo derivado de la inmovilización forzosa de los vehículos.
Las consecuencias de las restricciones se han extendido a la cadena de suministro. Tal y como ya adelantó C de Comunicación el pasado viernes, asociaciones del gran consumo y la distribución alimentaria advirtieron de retrasos en el abastecimiento en el norte del país.
Desde AECOC, su responsable de Transportes, Xavier Jaso, ha subrayado la necesidad de “garantizar los flujos de mercancías esenciales”, proponiendo medidas alternativas como convoyes controlados, ventanas temporales de paso o la priorización de camiones con productos de primera necesidad.
También UNO Logística ha advertido del impacto directo en plataformas logísticas y accesos a establecimientos comerciales, especialmente en un momento sensible para la distribución tras los picos de demanda de las últimas semanas.
Las asociaciones del transporte coinciden en reclamar protocolos más flexibles y escalonados ante episodios meteorológicos adversos. Desde ASTIC, su vicepresidente ejecutivo, Ramón Valdivia, ha defendido la aplicación de medidas intermedias que permitan mantener la circulación de forma controlada, evitando bloqueos generalizados.
Por su parte, la CETM ha insistido en la necesidad de activar previamente todos los medios disponibles —como quitanieves, extendido de sal y recursos humanos— antes de recurrir a restricciones indiscriminadas que paralicen la actividad del transporte por carretera.
Ante este escenario, el CNTC ha elevado su reclamación al Ministerio del Interior, solicitando la adopción de medidas urgentes que garanticen la libre circulación, la seguridad de los conductores y la compensación de los daños ocasionados. Entre ellas, las organizaciones incluyen el cese del actual director general de Tráfico, al considerar que la gestión del episodio ha evidenciado deficiencias en la coordinación y en la toma de decisiones.
Las asociaciones recuerdan que el transporte por carretera es un servicio esencial para el abastecimiento y la actividad económica, y advierten de que la reiteración de este tipo de medidas puede agravar la situación de un sector que ya arrastra tensiones derivadas de bloqueos, movilizaciones y episodios de inestabilidad en las últimas semanas.
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