Otra vez la tabarra de la “ilegal” gratuidad

Estamos otra vez a vueltas con la “ilegal” gratuidad de las entregas. Esta vez ha sido Aliexpress. Diría que es irrelevante quien lo pregone. Pero no es cierto. Los líderes, por el hecho de serlo, tienen especial responsabilidad. Y su ejemplo, claro, arrastra.

El marketplace chino ha hecho pública su estrategia comercial de choque –promoción- para este mes de junio en España. Como herramienta de marketing promete “envío gratuito en una amplia selección de productos incluso con un solo artículo comprado”. Además ofrece menores tiempos de recepción y devoluciones también gratuitas.

Si empleo el término “ilegal” y lo abrazo con las comillas es porque –que yo sepa- nada impide a una empresa regalar lo que vende. Aunque el dumping –trabajar por debajo de costes- si es algo prohibido.

Pero desde luego no es legal afirmar que algo es gratuito cuando no lo es. Y no lo es, porque el servicio logístico de gestión de entregas y devoluciones lo realizan personas y organizaciones especializadas (operadores logísticos). Y estos soportan su negocio cobrando por ese servicio.

En suma, la entrega y devolución de productos adquiridos on-line tiene un coste. No es gratis. Prácticas como la de Aliexpress faltan a la verdad. Y crean una falsa percepción en el consumidor. Peligrosa y que desmerece a todo un sector.

Sería muy sencillo y del todo veraz, si así se quiere, articular este tipo de estrategias comerciales y de marketing si, en el precio del producto (como ocurre con el IVA), se añadiera: transporte, entrega y devolución incluidos. Y allá con el escandallo de costes del vendedor. Ese será su problema.

Las organizaciones empresariales deberían tomar cartas en el asunto de la “ilegal” gratuidad de los servicios logísticos. Que ya es una tabarra. En este caso especial y concretamente la patronal UNO. 

Y habría que apuntar el pregonero. Al que vocea esa “ilegal” gratuidad. Utilizar todo el peso de la ley y la normativa mercantil. Llamar al pan, pan, y al vino, vino.

No importa que muchos consumidores sepan o supongan que esa supuesta gratuidad es una falacia. La transparencia es la mejor praxis. Sitúa a todos por igual. Nadie por encima de la ley. Y deja que el consumidor –bien informado- decida.

Tómese nota.