La ratita presumida

La pasada semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaraba ilegal a todos los efectos el llamado “céntimo sanitario”, un impuesto al carburante (sumado a sus ya abultadas tasas) que se ha venido aplicando desde 2002 y hasta el pasado año 2013, aunque la mayoría de las Comunidades Autónomas -las recaudadoras por cuenta del Estado- ya lo habían dejado de cobrar en 2012. A pesar de su nombre, este impuesto ni era un “céntimo” -llegó a sumar hasta 7 céntimos por litro- ni sirvió, por lo visto en estos años, para financiar a la Sanidad, que era su objetivo.

A pesar de las reclamaciones de los colectivos profesionales del transporte por carretera desde su implantación en 2002 (siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, como ahora, la historia tiene estas cosas), de las llamadas de atención, sentencias y dictámenes de la UE, los Gobiernos de José Mª Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y buena parte de los Gobiernos Autonómicos, han hecho el “don Tancredo” o mirado para otro lado mientras recaudaban unos 13.000 millones de euros que ahora toca reclamar.

Como en el popular cuento de Perrault, la tacaña ratería de populares y socialistas se encontró con el centimito, o la moneda de oro, y “presumieron” que con ella podrían comprarse un enorme lazo rojo o sufragar la maltrecha sanidad pública -tanto da, para el resultado conseguido- y no tuvieron en cuenta a los “alguaciles” europeos, o más bien les dieron engreídamente la espalda. Ahora toca pagar.

La factura no va ser cosa de unas pocas monedas, aunque va a tener mucha suerte la Hacienda de Montoro (el hacedor de esta carga impositiva) pues ni la inmensa mayoría de los particulares, ni algunos profesionales van a ser capaces de justificar el consumo de carburante durante estos años. Además, los extractos de las tarjetas bancarias, no valen.

Aún así, gracias a la insistencia de organizaciones como FENADISMER o CETM, que llevan años reclamando e instando a sus asociados a hacerlo y a guardar justificante de su paso por las estaciones de servicio, los transportistas por carretera podrán reclamar, al menos, el pago realizado y ahora ilegalizado, durante los último cinco años. Un buen pellizco para el profesional y una factura inesperada de varios miles de millones de euros para el Estado que, una vez más, cuando ha necesitado ingresos y no ha sabido qué hacer -hecho recurrente- ha cargado al carburante de una nueva tasa.

Más hubiera valido que los sucesivos Ministros de Hacienda desde 2002, que ahora han cerrado el círculo volviendo a Montoro, hubieran hecho como el ratón que, finalmente, se desposó con La Ratita Presumida de Perrault: “dormir y callar”.