Los datos de la última encuesta realizada por AECOC, presentados durante la Semana Europea de la Movilidad, demuestran que el 96% de las empresas encuestadas cree que la renovación de flotas de última milla es la estrategia más efectiva para reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, las compañías han señalado dos retos que enfrentan a la hora de transformar la distribución urbana de mercancías.
En primer lugar, el 41% de las compañías encuestadas ha señalado que la inversión requerida para la sustitución de sus flotas actuales resulta prohibitiva. Además, un 20,7% de las compañías encuestadas reporta dificultades debido a la falta de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
La encuesta titulada ‘Movilidad Sostenible en la Distribución Urbana de Mercancías (DUM)’ ha reflejado también la necesidad de apoyo del sector público a las empresas. El 96% solicita un mayor apoyo económico por parte de las autoridades gubernamentales como la principal medida para promover modelos de movilidad sostenible. Más de la mitad de las empresas consultadas considera fundamental impulsar proyectos de colaboración público-privada y aumentar las zonas de carga y descarga como pasos clave.
Descontento general con las nuevas normativas
El sondeo también aborda la regulación vigente y futura en la distribución urbana de mercancías. En relación a las Zonas de Bajas Emisiones -cuya implantación ha generado controversia entre las compañías de reparto-, el 45% de las empresas encuestadas las valora como útiles para reducir las emisiones, pero demanda moratorias para adaptar sus operaciones a los nuevos requisitos medioambientales.
En el mismo sentido, el 34% de los participantes en la encuesta opina que los vehículos destinados a la distribución urbana de mercancías deberían beneficiarse de exenciones, dado su papel esencial en el abastecimiento de las ciudades.
También cabe resaltar las opiniones del sector en cuento a los peajes. El 65% de las empresas encuestadas se opone a la creación de nuevos peajes de acceso a las ciudades, argumentando que esto generaría costos adicionales que limitarían aún más la inversión en medidas de movilidad sostenible. No obstante, un 34,5% no se opondría a la medida si los ingresos recaudados se destinan a mejorar la infraestructura de distribución urbana.
Las empresas se muestran críticas también con la gestión gubernamental, pues más de un 70% de las compañías encuestadas considera que las normativas implementadas a nivel estatal, autonómico y local no son efectivas para impulsar una transición hacia modelos de distribución urbana más sostenibles.
