El Gobierno ha decidido aplazar un año la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica diseñado para mejorar la trazabilidad y control fiscal. La medida da aire a pymes, autónomos y empresas logísticas, que reclamaban más margen para adaptarse sin frenar su operativa diaria.
El retraso hasta 2027 (un año después de lo previsto) supone un alivio inmediato para buena parte del sector logístico. Para muchas empresas de transporte, almacenaje y última milla, el calendario original llegaba en pleno cierre de ejercicio, con procesos muy ajustados y sin margen para integrar un cambio administrativo complejo.
En C de Comunicación, hemos podido hablar con Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, quien nos explicó: “No daba tiempo. La decisión se quería implantar demasiado rápido y las pequeñas empresas, sobre todo pymes y autónomos, no pueden adaptarse a ese ritmo. No tienen departamentos de facturación ni equipos dedicados a trámites y eso hay que tenerlo en cuenta.”
Este retraso llega tras las advertencias de distintos colectivos sobre la falta de preparación técnica y organizativa. En muchos casos, la implantación requería actualizar software, reorganizar procesos internos y coordinar a proveedores y subcontratas. Todo ello, en un sector donde los tiempos son críticos y donde una interrupción mínima puede alterar rutas, entregas y plazos de servicio.
Aranda subrayó además un punto clave que no suele aparecer en el debate público: “Nuestro sector no mueve solo paquetes. Gestionamos medicamentos, productos sanitarios, alimentos… y hacerlo en un entorno tan cambiante ya es complejo. Añadir de golpe un nuevo proceso burocrático era, sinceramente, inviable”.
A nivel práctico, el aplazamiento permite que las empresas puedan planificar la transición con más calma. No se trata sólo de instalar un software compatible: muchas compañías tienen que revisar flujos de trabajo, coordinar sistemas con clientes y proveedores y asegurarse de que la facturación automática encaja con su operativa diaria.
La prórroga también da margen para avanzar en un objetivo que el propio sector lleva tiempo reclamando: simplificar la burocracia. Según Aranda: “Lo que necesitamos no son más trámites, sino avanzar de verdad en reducir la carga administrativa. Ya se lo trasladamos al ministro Carlos Cuerpo y nos dijo que somos uno de los sectores incluidos en ese proyecto de simplificación. Confiamos en que así sea porque afecta directamente a nuestra competitividad. El sector logístico atraviesa un momento de transformación profunda. La omnicanalidad, el auge del e-commerce, la automatización y los nuevos estándares de trazabilidad han elevado el nivel de exigencia. En este contexto, cualquier carga adicional, en especial si llega sin tiempo para adaptarse, puede frenar la actividad y tensionar la cadena de suministro”.
Por eso, aunque el retraso de Verifactu no elimina la obligación futura, sí evita que miles de empresas se enfrenten a un cambio apresurado con riesgo de errores, sanciones o disrupciones en plena operativa.
El reto ahora es aprovechar este año extra para preparar la transición sin prisas, con formación, planificación y herramientas adecuadas… Y, al mismo tiempo, avanzar en esa demanda creciente del sector: reglas más claras, menos trámites y una administración que aporte certidumbre a una actividad que, como recordó Aranda: “Es estratégica para el país y se juega cada día su competitividad en la logística”.
