El director jurídico de Hefame, Julián Pérez-Templado, ha solicitado una revisión profunda del Anteproyecto de Ley del Medicamento y Productos Sanitarios —actualmente en fase de alegaciones— al considerar que el nuevo sistema de precios seleccionados podría afectar a la estabilidad operativa de la cadena de suministro farmacéutica.
Durante su intervención en la mesa Impacto de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento en la Distribución Farmacéutica, en el marco de las II Jornadas del Levante Farmacéutico, Pérez-Templado expuso que el modelo planteado por el Anteproyecto establece revisiones de precios cada seis meses sin contemplar periodos de adaptación.
Según explicó, este mecanismo introduce incertidumbre y complica la planificación logística, el aprovisionamiento mayorista y la sostenibilidad del sistema de distribución.
El directivo ha explicado que las variaciones de precios previstas cada seis meses para medicamentos financiados por la Seguridad Social suponen “un obstáculo para la planificación de la actividad logística y el aprovisionamiento eficiente de los mayoristas”, al no prever periodos de adaptación entre precios antiguos y nuevos.
Reconocimiento del modelo cooperativo y defensa de la gama completa
El portavoz de Hefame defendió que el futuro texto legal debería incluir medidas que faciliten la adaptación progresiva de los agentes del sector a las nuevas condiciones, como periodos de convivencia entre precios antiguos y nuevos o mecanismos compensatorios que eviten interrupciones en el suministro.
Asimismo, durante su ponencia, reivindicó el reconocimiento legal del modelo de distribución de gama completa, que garantiza el acceso a todas las referencias necesarias para abastecer a las oficinas de farmacia. En su opinión, “esta distinción permitiría reflejar las exigencias específicas en materia de responsabilidad y servicio entre los distintos modelos de distribución existentes”.
Pérez-Templado también alertó sobre la eliminación en el nuevo texto de la disposición transitoria que permitía la participación de farmacéuticos en cooperativas de distribución, contemplada anteriormente en la legislación de 2006 y en el texto refundido de 2015. Según señaló, se trata de un modelo que ha demostrado eficacia y legalidad durante décadas y cuya continuidad sería clave para la estabilidad del sistema.
Por último, se refirió a la necesidad de garantizar el acceso equitativo, seguro y eficiente a los medicamentos en todo el territorio nacional, así como a la conveniencia de abrir nuevas vías de financiación ligadas a la prestación de servicios asistenciales desde el ámbito de la distribución.
