La Asociación de Cargadores de España (ACE) ha mantenido recientemente un encuentro con Arcadi España, Secretario de Transportes y Movilidad Sostenible del PSOE y Secretario de Estado de Política Territorial, para abordar el impacto de los aranceles anunciados por la administración Trump sobre el transporte de mercancías y la cadena logística.
Durante la reunión, representantes del sector trasladaron su inquietud ante la incertidumbre generada por el cambio de política comercial estadounidense, que ya se ha traducido en ajustes operativos por parte de las empresas.
El sector reclama medidas para compensar el sobrecoste
En este contexto, ACE ha reclamado al Gobierno tres medidas concretas para mitigar el impacto sobre la competitividad del transporte:
- Publicación definitiva del Anexo IX del Reglamento General de Vehículos, que permitiría el uso generalizado de camiones de 44 toneladas. El texto cuenta con el consenso del sector, pero su tramitación sigue paralizada.
- Reducción o eliminación de la tasa T3 a la mercancía en los puertos españoles, una figura impositiva sin equivalente en otros países europeos y que, según ACE, resta competitividad al sistema portuario español.
- Impulso a la revisión de la directiva europea sobre masas y dimensiones, con el objetivo de facilitar el tránsito transfronterizo y reforzar la competitividad del transporte de mercancías a nivel comunitario.
Según nos explica Nuria Lacaci, secretaria general de ACE, muchas compañías comenzaron a anticipar el escenario actual desde la llegada de Trump al poder, aumentando el stock de productos en EE.UU. y adaptando sus flujos logísticos.
Aun así, Lacaci alerta de que la situación sigue generando confusión y costes añadidos: “Estamos analizando si conviene reorganizar rutas, cambiar países de origen o apostar por el nearshoring, por ejemplo, trasladando producción a Marruecos, que tiene aranceles más bajos con EE.UU. que Europa”.
El encarecimiento no se limita a los aranceles directos (que en el caso europeo alcanzan el 20 %), sino que repercute también en los costes de transporte, documentación y gestión, además de obligar a revisar contratos y condiciones logísticas, como los incoterms (International Commercial Terms).
“Cualquier desviación mínima en los costes logísticos puede suponer millones de euros para los grandes cargadores”, subraya Lacaci, quien incide en la necesidad de contar con una interlocución permanente con las administraciones para garantizar una respuesta rápida ante escenarios comerciales cambiantes.
Incertidumbre operativa y adaptación logística
Según la directiva, ACE mantiene su compromiso de representación activa del sector en los espacios de diálogo institucional, con el objetivo de asegurar que las decisiones políticas tengan en cuenta las necesidades logísticas de los cargadores.
En un contexto internacional marcado por la volatilidad y la incertidumbre comercial, la asociación considera prioritario avanzar en medidas que refuercen la competitividad y resiliencia del transporte de mercancías.
