Aunque el fallo es por ahora provisional, las principales asociaciones del sector aplauden la sentencia del TSJ, que reconoce la falta de análisis en el impacto económico para los sectores más vulnerables.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado partes clave de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, que establecían las Zonas de Bajas Emisiones y las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección en el municipio. La sentencia, emitida el 17 de septiembre de 2024 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, considera que el informe de impacto económico previo a la aprobación de estas medidas fue insuficiente.
El fallo, en respuesta a una demanda interpuesta por el Grupo Municipal de VOX, mantiene que, aunque las medidas para proteger la salud y el medio ambiente no se ponen en cuestión, la Ordenanza debía haber considerado sus implicaciones económicas, especialmente para los sectores más vulnerables. En este aspecto, el tribunal señala que no se evaluaron adecuadamente los efectos económicos en personas y empresas con menos recursos, como los autónomos y las pequeñas empresas, que podrían verse gravemente afectadas por las restricciones para la circulación de vehículos más antiguos.
ZBE de Madrid: Las asociaciones responden
Tras el conocimiento del fallo, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ha mostrado su satisfacción, ya que venían denunciando el grave impacto que estas medidas tendrían sobre el sector del transporte y la distribución de mercancías. La organización ya había advertido que la entrada en vigor completa de las restricciones en enero de 2025 afectaría a un amplio porcentaje de vehículos de transporte, impidiendo a muchos continuar operando en Madrid.
Según FENADISMER, la regulación planeaba convertir todo el término municipal de Madrid en una Zona de Bajas Emisiones, lo que habría limitado el acceso de casi el 70% de los camiones, el 30% de las furgonetas y el 44% de los autocares al centro de la ciudad. Además, un 36% de los camiones, 10% de las furgonetas y 16% de los autobuses habrían tenido prohibido el acceso a cualquier punto del municipio, lo que supondría un golpe económico insostenible para autónomos, pymes y empresas de transporte.
Jorge Somoza, director general de CETM-Madrid, hace una lectura similar de la sentencia. “Entendemos que es una muy buena noticia para el sector”, relataba a este medio en una conversación telefónica. Desde la confederación creen que no se había hecho una correcta evaluación del impacto económico en sectores como el del transporte de mercancías, ya que las medidas dejarían fuera de las ZBE y de las ZBEDEP al 50% de la flota por no cumplir con los requisitos de emisiones.
Somoza defiende que desde las asociaciones de transportistas siempre se ha pedido al consistorio que considerara una prórroga para la imposición de las medidas al transporte profesional, algo que en años anteriores ya se había materializado pero iba a llegar a su fin en enero de 2025.
La sentencia aún no es firme
La sentencia del TSJM recoge estas preocupaciones, destacando que las medidas afectaban a miles de vehículos profesionales sin que se hubiera evaluado adecuadamente el impacto en sectores con menos capacidad económica para renovar su flota. Desde la asociación subrayan en un comunicado que muchos transportistas, especialmente aquellos cercanos a la jubilación, no tienen los recursos necesarios para afrontar la compra de nuevos vehículos, lo que podría forzar a muchos a abandonar su actividad.
Por su parte, el Centro Español de Logística opta por el consenso entre las partes en pos de la sostenibilidad. “Tenemos que ir hacia un nuevo modelo de ciudad donde seamos capaces de ser sostenibles y eficientes (…) A ese modelo tienen que contribuir todas las partes interesadas con el fin de llegar a un consenso en la búsqueda de soluciones, y tras este paso, dotar a las ciudades de las infraestructuras y regulaciones adecuadas”, explica Ramón García, director del CEL, a C de Comunicación.
Aunque la resolución no es definitiva y puede ser recurrida por el Ayuntamiento de la capital ante el Tribunal Supremo, FENADISMER confía en que el consistorio suspenda la entrada en vigor de las ZBE y dialogue con las organizaciones del sector para buscar medidas más realistas y equilibradas que permitan una transición hacia un modelo de transporte más sostenible sin perjudicar a los trabajadores y empresas más vulnerables.
