Hace unos días me preguntaban en el programa `Newsroom tarde´ de Negocios TV, sobre el impacto de la crisis de abastecimiento al mercado minorista en el Reino Unido y la escalada alcista de los precios energéticos.
La premura de tiempo en televisión obliga a limitar el alcance del análisis. Me gustaría extenderme algo más comentando este segundo factor, el precio de la energía.
La escalada de precios energéticos en España obedece a varios factores de muy diferente naturaleza. Unos son internos y otros externos.
El mix energético español
En primer lugar, una de las claves está en el mix energético que los españoles hemos asumido. Basta echar un vistazo al desglose que acompaña al recibo de la luz. En concreto, según publica Red Eléctrica Española, las principales fuentes de energía en el periodo enero–agosto de este año son las renovables con el 49,6 por 100, la energía nuclear con el 21,5 por 100 y el gas natural con el 13,8 por 100.
A su vez, según la fuente citada, el 49,6 por 100 de renovables tuvo los siguientes orígenes:
Es decir, el 23,0 por 100 del suministro nacional depende del viento y el 10,8 por 100 del Sol. Es más, el reciente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020–2050 aprobado por el Gobierno de la nación en marzo pasado, marca objetivos específicos que ahondan en esta dirección.
Con este mix, el precio mayorista de la luz en España se situaba, a cierre de septiembre, según Europa Press con datos de Red Eléctrica Española, en 156 €/Kwh, mientras que el francés se colocaba en 135 €/KWh. Es decir, un 14 por 100 más barato. Además, Francia es una nación exportadora neta de energía y lo consigue porque su mix es muy diferente del español. Allí, según Statista, la energía nuclear, en 2020, supuso el 67 por 100, las renovables el 21 por 100 (energía hidráulica 12 por 100 y solar 9 por 100) y el gas solo el 6 por 100. Este mix convierte a Francia en uno de los países cuyo sistema energético es más estable y, además, emite menos gases nocivos.
Les recuerdo que España renunció a la energía nuclear como vertebradora de nuestro sistema energético con la moratoria nuclear decretada en 1982 por Felipe Gonzalez tras los asesinatos cometidos por ETA en Lemoniz. Como consecuencia de esta decisión, el envejecido parque nuclear español se reduce a 7 centrales frente a las 58 de Francia.
Sin embargo, España necesita desesperadamente del gas para dar soporte a los picos de demanda y a las variaciones de las producciones con origen eólico y solar y eso nos hace tremendamente vulnerables ante dos factores.
Por una parte, desde que hace unos pocos años Holanda decidiera cerrar gradualmente su producción de gas en Groningen, gran parte del cual exportaba a sus países vecinos, Europa Occidental queda a expensas del gas ruso y del argelino. Rusia juega sus cartas y negocia con Alemania, su principal cliente, no solo en términos económicos sino geopolíticos. Argelia suministra a España y Portugal a través de dos gasoductos, uno de los cuales cruza Marruecos y queda al albur de las tormentosas relaciones entre ambos. Por cierto, el contrato de suministro del gas argelino finaliza el próximo 31 de Octubre y, a estas alturas, su renovación queda pendiente de un hilo. Además, parte del gas que otros productores suministran tradicionalmente a Europa se desvía a China, que está en pleno proceso de cambio de sus centrales de carbón por otras más eficientes de gas.
La factura de la luz
La composición de la factura de la luz también es causa añadida de esta alza de precios. El coste de la energía está en torno al 42 por 100 y el 58 por 100 restante del importe de la factura se corresponde con impuestos y costes regulados (es decir, políticos) entre los que destacan la retribución al transporte y distribución con el 23 por 100, otros cargos como la retribución a las renovables, la cogeneración, residuos y subvenciones a las islas, entre otros, con el 20 por 100 y, por último, los impuestos varios con el 13,5 por 100.
Es decir, las decisiones políticas de nuestros gobernantes suponen el 58 por 100 de la factura. Esto se traduce en que, según Eurostat, a finales de 2020, España era el tercer país que más impuestos pagaba solo por detrás de Dinamarca y Alemania. Es cierto que el gobierno ha adoptado algunas medidas como la rebaja temporal del IVA al 10 por 100 hasta marzo del 2022 y la reducción temporal del impuesto especial eléctrico del 5,1 por 100 al 0,5 por 100 así como la supresión del impuesto a la generación eléctrica del 7 por 100, ambos hasta el próximo 31 de diciembre. En cualquier caso, el carácter coyuntural de estas medidas y su muy limitado impacto a corto y largo plazo en el importe total de la factura las hacen completamente insuficientes.
Los derechos de emisión de CO2
En el año 2005 la Unión Europea decidió poner en marcha el mercado de derechos de emisión de CO2 según el cual, se penalizan las emisiones del citado gas realizadas por industrias de muy diferentes sectores: centrales térmicas, cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20MW (calderas, motores, compresores…), refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras. Cada país tiene asignado un cierto número de toneladas de CO2 que se va reduciendo progresivamente para alinearse con los objetivos que se ha marcado la UE en relación con los acuerdos de París del año 2015.
Veamos quienes son los principales emisores de CO2 a nivel mundial. Según el informe Statistical Review of World Energy 2021, 70th edition, publicado por BP, China (con el 18,4 por 100 de la población mundial) aporta el 31 por 100 de la producción total de CO2.
La UE recorta progresivamente la cantidad de CO2 asignada a cada país de manera que las empresas contaminantes tienen que acudir a subastas y comprar derechos para seguir emitiendo el exceso de CO2. Este recorte progresivo es más rápido de la velocidad a la que las empresas van reduciendo sus emisiones, por lo que el precio de la tonelada de CO2 crece de forma imparable alcanzando, según SENDECO, 60€/ton CO2 a finales de septiembre.
Lo peor es que el precio de la tonelada de CO2 seguirá creciendo, de manera que algunos expertos lo sitúan en torno a 80€ a finales de 2022.
Estos derechos de emisión son recaudados por cada estado y la UE los redistribuye con posterioridad de manera que el gobierno se embolsará en torno a 2.000 millones de € en 2021. Lógicamente, las empresas que pagan estos impuestos terminan repercutiéndolos a los consumidores. Recientemente, el gobierno ha anunciado que destinará 900 millones a bajar el recibo de la luz. ¿Y por qué no los 2.000 millones que se va a embolsar a nuestra costa? ¿Formará parte de la vacía y efectista trompetería habitual o se plasmará en medidas concretas y eficaces?
Por otra parte permítanme una reflexión. La Unión Europea, con menos del 10 por 100 de las emisiones mundiales castiga a las empresas y, en definitiva, a su competitividad y a los bolsillos de sus ciudadanos con este impuesto para salvar el planeta. ¿Qué hay de China y EEUU? ¿Cuántas campañas han lanzado los ecologistas europeos reclamando a China y EEUU unos impuestos similares para reducir sus emisiones? Y la inefable Greta Thumberg… ¿qué opina?
Conclusión
Se hacen necesarias medidas estructurales a largo plazo para dotar a España de un mix energético todo lo sostenible que quieran pero que no arruine nuestra economía y vacíe, querido lector, su bolsillo y el mío. Mientras, a corto plazo, el desafío es enorme y, estando en manos de quienes estamos, los próximos meses van a ser muy duros.
Para poner la guinda al pastel, tenemos la segunda derivada de los costes energéticos: la inflación crece en septiembre hasta el 4 por 100, el dato más alto en los últimos 13 años.
Y ya saben, esto se arregla poniendo la lavadora de madrugada y fregando los platos a mano ¿O no?
No ha podido estar mejor explicada la situación actual. No hay nada más regulado que el sistema eléctrico. Regulado atendiendo más a decisiones políticas que técnicas o estratégicas. Mientras eso siga siendo así estaremos lejos de un marco regulatorio estable.