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Un momento de la reunión del Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario.

Un momento de la reunión del Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario.

EN 2014

Puertos del Estado destinará 36M € a las Autoridades Portuarias

Por C de Comunicación
A través del del Fondo de Compensación Interportuario

El Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, instrumento de redistribución de los recursos del sistema portuario estatal a través de Puertos del Estado, destinará un total de 36 millones de euros a las Autoridades Portuarias en 2014. Así ha sido acordado en la reunión celebrada en la sede de Puertos del Estado en Madrid, que ha encabezado José Llorca, presidente de Puertos del Estado.

Para el ejercicio 2014, se han ratificado las asignaciones previstas que percibirá cada Autoridad Portuaria:

Cerca del 37,2 por 100 de las asignaciones (13,4 millones de euros) corresponderán a insularidad, especial aislamiento y ultraperifericidad, el 17,4 por 100 (6,3 millones) para el mantenimiento de las ayudas a la navegación; y el 31,1 por 100 (10,8 millones) para reparaciones periódicas o extraordinarias, situaciones sobrevenidas, inversiones no comerciales, y planes de saneamiento.

Igualmente, se ha aprobado la firma de un convenio general con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) para garantizar la prestación del servicio general de ordenación, coordinación y control del tráfico marítimo en todas las Autoridades Portuarias, cuyo coste será financiado al 55 por 100 con cargo al Fondo de Compensación, y cuyo importe ascenderá a 5,4 millones de euros. El restante 45 por 100 será sufragado por las propias Autoridades Portuarias mediante la firma de convenios específicos.

El Fondo de Compensación es un instrumento de redistribución de recursos del sistema portuario estatal cuyo objetivo es garantizar la autofinanciación del sistema y la potenciación de la leal competencia entre los puertos españoles. Incluido en las diferentes Leyes de Puertos desde 1992, su aplicación ha permitido que recintos portuarios con limitaciones de hinterland, como Ceuta o Melilla, los situados en los archipiélagos Balear y Canario, o aquellos que tienen que hacer frente a reparaciones periódicas o extraordinarias, puedan mantener su actividad e infraestructura. 

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