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SATISFACCIÓN EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE

La CAM suprime el "céntimo sanitario" a partir de 2014

Mientras se anuncia que el tributo podría ser declarado contrario a la normativa europea

El anuncio del presidente de la Comunidad de Madrid (CAM), Ignacio González, de suprimir el denominado "céntimo sanitario" que gravaba los combustibles suministrados en las gasolineras madrileñas, ha sido recibido con satisfacción por La Federación de Organizaciones de Transportistas de la Comunidad de Madrid (FENADISMER Madrid).

De esta manera se ha cumplido el compromiso del ejecutivo autonómico de rebajar los impuestos en ese ámbito territorial, mediante la supresión o devolución íntegra a los profesionales del sector del transporte por carretera (transportistas y taxistas), a partir del 1 de Enero de 2014, del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos.

Fenadismer Madrid ha valora muy positivamente "la sensibilidad manifestada por el Gobierno regional con el sector del transporte madrileño por carretera", formado en más de un 85 por 100 por pequeñas y medianas empresas, y de la que se beneficiarán los más de 64.000 camiones de más de 7,5 t, autobuses y taxis que operan en la región.

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, aseguró ayer lunes que la extinción del "céntimo sanitario" incentivará a los mismos a repostar en la región.

Contrario a la normativa europea
Se da la circunstancia de que el pasado jueves 24 de octubre el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha presentado el informe de conclusiones en relación a la demanda que se está tramitando en dicho Tribunal contra el Impuesto sobre  Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (“céntimo sanitario”), creado mediante la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, por considerarse que el impuesto podría ser contrario a la normativa europea en materia de fiscalidad sobre los carburantes. CETM y ASTIC han valorado positivamente este informe.

El el caso de que así fuera, el dictamen podría obligar a España no sólo a la supresión, como ha hecho ahora la CAM, sino a devolver lo recaudado por ese tributo durante los 10 años transcurridos de 2002 a 2012, que puede ascender a unos 12.000 millones de euros.

Finalmente el Abogado General señala en su informe que, en caso de condena, y de modo completamente excepcional, el Tribunal Europeo podría atender a la gravedad de los efectos económicos que tendría para España su cumplimiento.

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