Se mantiene la convocatoria de paro del transporte que comenzará el próximo lunes 14 de noviembre. Sin ningún apoyo, como al principio en marzo, solicitan una mayor inspección y sanciones ejemplares contra los cargadores.
En la tarde de ayer, 10 de noviembre, Manuel Hernández, presidente de Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, mantuvo una reunión con dos subdirectores de la Dirección General de Transporte Terrestre para negociar el fin del conflicto y no alcanzaron ningún acuerdo para desconvocar el paro programado para el próximo lunes 14 de noviembre.
La Plataforma solicita que por escrito, el Ministerio se comprometa a implantar un nuevo sistema de inspecciones y aumentar el número de inspectores, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas. También pide que en los contratos de carga se elimine la imposibilidad de denunciar al cargador en determinadas situaciones, y que el importe de las sanciones sea “ejemplar”, entre otras medidas.
La respuesta del Ministerio
Fuentes del Ministerio de Transportes han asegurado al Área de Logística de C de Comunicación que durante el encuentro, los representantes del Ministerio han escuchado las reclamaciones de la Plataforma y han trasladado los siguientes mensajes:
- El sector cuenta con el apoyo firme del Gobierno. Ha recibido ayudas directas por 900 millones de euros (2.500 euros por camión, por ejemplo, o 1.000 en el caso de furgonetas) y está siendo especialmente beneficiado por el descuento de 20 céntimos de los carburantes (hasta 4.200 euros por camión cada seis meses de descuento).
- Gracias a los acuerdos alcanzados con el sector a través del CNTC, España cuenta con una de las legislaciones en materia de transporte más avanzadas de Europa.
- La ley aprobada en agosto garantiza que los transportistas no trabajen por debajo de sus costes. La inspección ya está actuando para garantizar su cumplimiento y, además, se aprobará en próximas semanas un plan de inspección 2023 para reforzar las actuaciones, ya que incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada.
“Se ha explicado a los representantes de la plataforma cómo funciona la inspección: cualquier incumplimiento detectado debe denunciarse de forma oficial identificando al infractor y la infracción concreta cometida y facilitando la información necesaria para que la inspección pueda actuar con la mayor celeridad y eficacia. Además, se dispone del buzón de denuncias anónimas donde se puede facilitar sin ese carácter oficial información sobre incumplimientos y que la inspección también tiene en cuenta para la planificación de las inspecciones”, indican desde el Ministerio.
Por todo ello, desde el Mitma se insta de nuevo a la Plataforma “a recapacitar y desconvocar un paro que no beneficia a nadie, ni dentro ni fuera del sector, y que ha sido rechazado de forma unánime por la inmensa mayoría del sector del transporte y la logística, por la distribución, por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos”.
No se han recibido denuncias sobre precios que no cubren los costes
“Hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia formal sobre precios que no cubren los costes. Desde la puesta en funcionamiento del buzón, en el primer trimestre de 2022, se han recibido 88 denuncias anónimas a través de esta herramienta sobre precios que no cubren los costes. Hay que tener en cuenta que en España hay 105.000 empresas, de las cuales unas 82.000 tienen hasta 3 vehículos. Cualquier afectado podría poner una denuncia (es decir, por cada vehículo podría poner denuncia el conductor, el gestor de transporte, etc) y se puede poner más de una denuncia por vehículo y por empresa”, aseguran desde el Ministerio de Transportes al Área de Logística de C de Comunicación.
“Estas denuncias anónimas se están depurando, y la mayoría de ellas no dan información suficiente para poder iniciar una inspección, o no se acogen a los supuestos sancionables. No obstante, ya se han realizado las primeras inspecciones con los indicios apuntados en algunas denuncias”, concretan.
Aseguran que “sí que están más avanzadas las inspecciones relativas a supuestos de morosidad en el pago, cuyo régimen sancionador se aprobó en 2021 y ya hay unos 300 expedientes tramitándose”.
“Además, aquí es muy importante el papel del propio sector. Hay que denunciar los incumplimientos, aportando los datos suficientes para facilitar las labores de los servicios de inspección del transporte terrestre y así garantizar el cumplimiento de la norma. En todo caso, perseguir este tipo de actuaciones será una prioridad del Plan de Inspección 2023 que se presentará a finales del mes de noviembre”, finalizan.
