El ministerio liderado por Raquel Sánchez ha incumplido su promesa. La secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha apelado a “no aplazar más” la “imperativa” llegada del pago de tasas por el uso de las autovías españolas. Se trata de unas afirmaciones que, aclara el sector del transporte, atentan contra un pacto que su antecesor puso sobre la mesa.
Concretamente hacen referencia al compromiso asumido por el organismo a través de Pedro Saura, que aseguró al colectivo de transportistas y camioneros que no impondría los peajes en las autovías hasta alcanzar un consenso con el sector. Algo que, al menos por el momento, no ha sucedido.
Poner en conocimiento de los sectores afectados
Para la titular de Transportes “la previsión es poderlo presentar en unos meses, ya que hay un compromiso también con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que nos sitúa en un plazo máximo de inicio del 2024. Por lo tanto, después de este diálogo y consenso que queremos obtener, no queremos demorar la aplicación del nuevo sistema”.
Según Sánchez, “tenemos al menos ese margen para poderlo aplicar y estamos trabajando para anunciarlo y sobre todo que sea conocido, también para la tranquilidad de los sectores principalmente afectados”.
La cara B de la moneda
Sin embargo, uno de los sectores que sentirá de primera mano los efectos de este nuevo gasto está lejos de estar tranquilo. Aunque el modelo aún no está claro, el transporte muestra su malestar con una medida que encarecerá unos costes de explotación ya disparados por la subida de los carburantes.
“Desde que se anunciara en el mes de abril la intención del Gobierno de establecer un mecanismo de pago por el uso de las carreteras en España, hasta la fecha las organizaciones del sector del transporte por carretera siguen sin haber recibido una propuesta concreta por parte del Ministerio de Transportes”, apuntan desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España.
En esta línea, Fenadismer ha manifestado su malestar y rechazo por la actuación llevada a cabo por los representantes del Gobierno.
Riesgo de rechazo
Como aclaran desde la federación, el propio Ejecutivo es consciente de que el principal “riesgo de rechazo” lo va a recibir por parte del colectivo de transportistas profesionales, tomando como referencia la experiencia vivida en Francia, donde el Gobierno intentó hasta en 5 ocasiones establecer una tasa similar, lo que contó con un fuerte rechazo por parte de los profesionales del país, obligando al abandono de dicho proyecto.
En base a ello, el sector ha recordado a la Administración el compromiso suscrito en julio de 2019 de no implantar ninguna medida recaudatoria por el uso de las carreteras sin el consenso previo con las asociaciones de transportistas.
