Un total de ocho empresas y diez directivos tendrán que afrontar el pago de 127,3 millones de euros por su participación en un cártel. Concretamente, las compañías llegaron a un acuerdo en el que se repartían de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento, del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente, de Adif, entre 2002 y 2017.
De esta manera, Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens Rail, Siemens S.A. y Thales se distribuían la construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria.
Este tipo de instalaciones son esenciales para controlar y gestionar el tráfico ferroviario, las comunicaciones y la protección en la red de AVE (alta velocidad) y de las líneas convencionales (media distancia y cercanías) de la red ferroviaria española.
Las prácticas de este cártel han sido especialmente dañinas ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a las compañías cartelizadas.
Modus operandi
El cártel surgió en 2002 por iniciativa de las dos principales empresas del sector en ese mercado, Alcaltel (a partir de 2007 Thales) y Dimetronic (a partir de 2013 Siemens Rail), con el objetivo de no competir y repartirse las licitaciones mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas, UTE.
Ambas empresas se repartieron los importes adjudicados y también la tecnología de señalización empleada en los proyectos. De esta forma, pudieron introducir sus sistemas tecnológicos en los concursos ganados al 50 por ciento, garantizando también los contratos de mantenimiento y sus correspondientes renovaciones.
A partir de 2003, se sumaron otras empresas al cártel: Siemens S.A., en 2003, NSN (actual Nokia), en 2007, y Cobra, en 2008.
Efectos del cártel
Se trata de un cártel muy dañino que ha tenido el efecto real de eliminar o al menos restringir significativamente la competencia en 82 licitaciones. Durante sus 15 años de duración, las empresas se adjudicaron licitaciones por un importe total de 4.142 millones de euros. En algunos casos, la ejecución de los contratos adjudicados se mantiene hasta los años 2035, 2037, 2038 y 2040, por lo que sus efectos van más allá de la duración de propio cártel.
Asimismo, al tratarse de licitaciones convocadas por Adif (y previamente por el Ministerio de Fomento y el GIF), ha supuesto una merma económica para la Administración Pública, con el consiguiente perjuicio para los consumidores y para contribuyentes.
