Los primeros resultados de los informes periciales que se están llevando a cabo por la Plataforma de los Afectados por la Petroleras han arrojado datos muy contundentes sobre la “política de sobreprecios” denunciada por el sector del transporte de mercancías. Según las primeras estimaciones, esta actuación habría supuesto para el negocio soportar un sobrecoste de más de 15.000 euros por camión en los últimos 14 años.
Para la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, estas cifras denotan la ineficiencia de lo que, en sus palabras, ha sido denominado como el cártel de las petroleras, que ha situado los precios de los carburantes que se aplican en el país entre los más altos de la Unión Europea antes de impuestos.
Pasos previos a la reclamación “multimillonaria”
Dichos informes servirán de apoyo para la cuantificación del daño económico que vienen soportando los transportistas españoles en la reclamación judicial que FENADISMER, junto con numerosas organizaciones territoriales y en colaboración con un importante Fondo de Litigación internacional, ha puesto en marcha para demandar colectivamente a las principales compañías petrolíferas que operan en España, “por su actuación continuada, durante más de una década, de alteración de los precios finales de los carburantes”.
La reclamación “multimillonaria” tiene su fundamento en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia durante los últimos años, dando lugar a una primera Resolución sancionadora en julio de 2009 contra las tres principales petroleras que operan en España, que posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Durante los siguientes años, la CNMC a través de sucesivas Comisiones de Vigilancia constituidas al efecto han venido confirmando que dichas prácticas restrictivas de la competencia se han seguido produciendo hasta la actualidad.
