Desde que el Tribunal Supremo confirmara la nulidad del sistema de peajes a camiones implantado en Guipúzcoa hace casi un mes, la Diputación, con su responsable de infraestructuras a la cabeza, sigue persistiendo en lo que, para los transportistas es “un desafío al Estado de Derecho”. En base a ello, las asociaciones nacionales han presentado en los Juzgados de Instrucción de Guipúzcoa una querella criminal.
En concreto, el recurso legal se ha dirigido a la Diputada guipuzcoana de Infraestructuras, Ainztane Olabide, y contra la empresa pública Bidegi por mantener el cobro de los peajes a los camiones en la N-1 y A-15 desobedeciendo los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo que los declaran nulos.
Para el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), esta vía pretende perseguir lo que, a su juicio, pueden ser hechos constitutivos de delito.
“La Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, por medio de la empresa pública BIDEGI SA, sigue cobrando el canon previsto para la N-I y la A-15 por la Norma Foral 6/2018 de 12 de noviembre, cuando tiene pleno conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -supremo órgano judicial de Euskadi-,la declaró nula y qué dicha resolución es firme, más allá de todas las estrategias empleadas por la Diputación para encubrir esta realidad y justificar lo injustificable”, explican.
La querella es, por tanto, “consecuencia del comportamiento contumaz de la titular de la Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, quien se negó desde un primer momento a escuchar las razones del sector sin que, posteriormente, a pesar de las reiteradas resoluciones judiciales en su contra, haya cambiado de política”.
Por ello, el Comité ha asegurado que “no le queda otra opción” para seguir “defendiendo los derechos de sus representados” que acudir nuevamente a los tribunales, solicitando “amparo ante la sinrazón” mediante el imperio de la ley y el derecho.
por los datos aportados en as revistas del sector, la actuación de la Diputación de Gipuzkoa es incomprensible, entre otras calificaciones.