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Fenadismer acusa de manipulación y parcialidad a la Comisaria Europea de Transportes

Adina Valean ha sido el último objetivo de las críticas de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, a raíz de la publicación del resultado de la encuesta sobre la nueva obligación del retorno periódico de los camiones a su país de matriculación. Según el representante del sector, la Comisaria Europea de Transportes hubiera presentado unas conclusiones “precocinadas”, “dejando de lado su necesaria neutralidad institucional”.

Después su publicación el pasado mes de julio, el Paquete de Movilidad ya es una realidad, tras el amplio respaldo obtenido tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo. Sin embargo, apunta la federación, la Comisaria de Transportes “no ha dejado en ningún momento de cuestionar algunos de los aspectos más controvertidos y que más afectan a los países del Este, que ven con temor cómo la puesta en marcha de dichas medidas supondrá acabar con la situación de descontrol y competencia desleal que venían ejerciendo las empresas radicadas en dichos países, muchas de ellas deslocalizadas, y que amenazaba con hacer desaparecer el tejido empresarial de transporte de los países occidentales”.

La obligación de retorno

Entre las medidas recogidas en el Paquete de Movilidad está la obligación de que los camiones retornen a su país de origen al menos cada 8 semanas, para evitar la actual situación de deslocalización permanente que en la actualidad practican muchas empresas.

Es dicha medida del retorno obligatorio, junto a la nueva regulación del cabotaje, la que motivó a la Comisión Europea a lanzar el pasado mes de agosto una encuesta abierta dirigida a empresas de transporte y operadores logísticos de toda Europa. Según Fenadismer, esta era “absolutamente arbitraria y tendenciosa”, ya que “plantea una relación amplia de preguntas teledirigidas con el fin de poner en entredicho las bondades de dichas medidas”.

Previsiones de impacto

Para Fenadismer, los resultados de la encuesta resultan “precocinados”, aportando una serie de datos sobre el impacto medioambiental de las nuevas medidas que “resulta sorprendente cuando la nueva regulación no entrará en vigor hasta el año 2022 y, por lo tanto, no es posible evaluar su impacto real”.

De esta forma, el informe señala que la obligación del retorno de los vehículos generará “hasta 2,9 millones de toneladas de emisiones de CO2 adicionales en 2023” y en el caso de las operaciones de transporte combinado internacional “se podrían producir 397.000 toneladas adicionales de emisiones de CO2 y efectos potencialmente negativos a largo plazo en el transporte ferroviario y de mercancías intermodal” para concluir que “las dos disposiciones podrían, por lo tanto, generar hasta 3,3 millones de toneladas adicionales de emisiones de CO2 por año, hasta 704 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) y 251 toneladas de material particulado (PM2.5)”.

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