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El pago por uso gana terreno en 2021 ante la progresiva desaparición de las autopistas de peaje

El futuro fin de la obligación de pagar peajes en dos tramos de la AP-7 y uno de la AP-2, efectivo a partir de septiembre de 2021, suma presión a la futura modificación del actual modelo viario. Si bien la noticia no ha pillado por sorpresa a muchos, continuando un proceso iniciado en 2018 con la apertura de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, sí que plantea de nuevo cuestiones sobre cómo se afrontará el coste del mantenimiento de estas vías.

Por el momento, y ante la futura aprobación de la Ley de Movilidad, actualmente en fase de consultas, todos los dedos señalan al pago por uso que, según la patronal de las constructoras y concesionarias, Seopan, debería ser de 9 céntimos por kilómetro para turismos y en 19 céntimos por kilómetro para vehículos pesados. Con estas tasas calcula que se recaudarían unos 104.000 millones de euros en 25 años.

Por su parte, la máxima autoridad en esta materia, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, también se ha sumado a la idea de implementar el pago por uso, eso sí, recalcando ante las primeras quejas que “el conductor que usa su vehículo para ir a trabajar diariamente por la autopista no deberá pagar nada”. A los que no les quedará de otra, sin embargo, será a las empresas que hagan uso de estas infraestructuras para “ser más competitivos”, es decir, empresas de transporte de mercancía por carretera incluidas.

Desde su administración, sin embargo, se quiso hacer hincapié en que, una vez descontados los gastos de mantenimiento de las carreteras, el excedente irá destinado a abaratar los costes de los peajes en las autopistas de pago y unificar el coste por kilómetro en todo el territorio.

Ante esta propuesta recogida en la Ley de Movilidad, representantes del sector del transporte de mercancías, como la CETM, han mostrado su malestar ante la medida sin rechazar la posibilidad de pagar por el uso de las carreteras siempre y cuando “el modelo de financiación no suponga un aumento de la fiscalidad destinado al mantenimiento de las infraestructuras. Es inaceptable que el pago por uso de las mismas recaiga solo sobre las empresas de transporte de mercancías por carretera, puesto que el mantenimiento debe ir ligado al uso proporcional, incluyendo a todos los usuarios”.

Y tú, ¿consideras útil el sistema de pago por uso para la conservación de carreteras?

Encuesta finalizada

Pago por uso, ¿un futuro ineludible y necesario?

España se sitúa a la cola en inversión para la conservación de su red de carreteras. Así ha quedado reflejado en el último informe de ACEX, que califica como “milagro” el mantenimiento de las autovías nacionales, teniendo en cuenta que se trata del país que “menos invierte”.

El informe, encargado de realizar la comparativa entre España y otros homólogos europeos como Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, refleja que en 2017 España invirtió 22.489 euros/km equivalentes, mientras que Italia, el siguiente en menor inversión, destinó casi el doble, 41.537 euros/km equivalentes.

En cuanto a los modelos de gestión de conservación, varían mucho de un país a otro, de su organización administrativa y política y de la naturaleza de la red viaria. El modelo debería garantizar una asignación estable de recursos humanos, materiales y de gestión para una adecuada conservación. Un pacto de Estado por las infraestructuras favorecería esta situación. Según Pablo Sáez, “unos criterios estables de asignación de fondos generan mejores resultados que las asignaciones que dependen de los cambios o de las restricciones presupuestarias anuales nacionales, regionales o locales. De ahí la necesidad urgente de un Pacto de Estado de infraestructuras”.

Las conclusiones apuntan que la conservación de carreteras no es concesionable, ya que se trata de una inversión y/o un gasto sistemático y continuado que no se puede diferir en el tiempo y, por lo tanto, no se puede financiar con intereses. Abordar la financiación mediante un modelo de contrato de servicios a través de una gestión pública, favorece un mejor control económico.

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