La Junta avanza en su estrategia de distribución de las vacunas. El Gobierno autonómico ha firmado con la cooperativa andaluza de farmacia, Bidafarma, un acuerdo mediante el cual, durante seis meses, la compañía pondrá a disposición del estado, “de forma gratuita y desinteresada”, su infraestructura logística para la gestión de las vacunas en una primera fase.
Según las previsiones, las primeras vacunas llegarán a principios de enero, momento a partir del cual Bidafarma se hará cargo de su almacenamiento, custodia y transporte a los centros de salud. Las dosis serán llevadas a dos centros situados en las provincias de Sevilla y Granada, desde donde serán trasladadas al resto de las provincias, como indicó Elías Bendodo, consejero de Presidencia y portavoz de la Junta.
Para garantizar todo el proceso de infraestructura organizativa del proceso de vacunación se designará un equipo de profesionales de la Consejería de Salud y Familias para certificar la recepción de las vacunas.
Además, según se ha podido saber, ya se han supervisado las características de las instalaciones de la compañía, asegurando que cuentan con suficiente espacio de almacenaje en ultracongelación que permite alcanzar un máximo de hasta 80 grados bajo cero.
Bajo la sospecha de intereses políticos
Una operativa “gratuita y desinteresada”. Este punto del acuerdo es el que, precisamente, ha levantado las sospechas. Una operación que habitualmente requeriría la adjudicación de un contrato millonario, dadas las características técnicas y las infraestructuras necesarias para llevar a cabo la ‘misión logística del siglo’, no será tal.
Medios y políticos no han tardado en hacerse eco del acuerdo, que otorga sin concurso a Bidafarma la gestión integral de los viales. De esta forma, diarios como El Plural, vuelven a situar a la cooperativa farmacéutica en el epicentro de la polémica dada la estrecha relación entre el actual Ejecutivo y la cooperativa. Y es que, como indican, la cooperativa farmaceútica cuenta entre su plantilla, en calidad de gerente, con Manuela Villena, la esposa de Juan Manuel Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta.
Asimismo, la secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha cuestionado la adjudicación del acuerdo, insistiendo en preguntar “por qué se va a hacer a través de una multinacional farmaceútica privada en lugar de hacerlo por el sistema público, cuando otros gobiernos lo están haciendo así”.
