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Los transportistas hacen un llamamiento para evitar los registros sanitarios en Galicia

Procedentes de Aragón, Cataluña, País Vasco y La Rioja, la Xunta de Galicia ha ordenado la puesta en marcha de una orden que regula el registro obligatorio de miles de conductores para poder transportar mercancías a dicha comunidad. Entre Galicia y las cinco comunidades autónomas afectadas, anualmente se realizan más de 370.000 servicios de transporte de mercancías, cuyos conductores profesionales deberán cumplimentar el formulario oficial de desplazamiento por cada servicio realizado.

La entrada en vigor de la citada orden, el pasado 29 de julio, establece que todas aquellas personas que hayan estado dentro de los catorce días anteriores a dicha llegada en territorio con alta incidencia del COVID-19 deberán registrarse en un plazo máximo de 24 horas desde la llegada, comunicando sus datos de contacto, mediante un formulario al que se puede acceder a través de la dirección de internet o bien llamando por teléfono al 881 00 20 21.

Entre los territorios afectados por dicha medida, además de un número importante de países europeos y de otros continentes, también se incluye a todas las personas que procedan de las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y la Rioja.

El sector reclama que “los transportistas no son turistas”

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte considera que su aplicación es absolutamente incompatible con la actividad del transporte de mercancías por carretera, en la que diariamente se realizan miles de desplazamientos entre Galicia y las demás regiones incluidas en dicha norma.

Por tanto, FENADISMER rechaza que los transportistas sean considerados como unos “turistas” más a la hora de aplicar la citada regulación, ya que ello supondría en la práctica que los aproximadamente 1.100 transportistas que diariamente cruzan la “frontera” gallega deberían rellenar el citado formulario, lo que supondría una inasumible carga burocrática que entorpecería su actividad y el consiguiente colapso de los servicios de atención telefónica de la Xunta.

Según ha recordado la Federación, resulta incomprensible la no exención del transporte por carretea de la citada regulación autonómica, cuando durante los meses más duros de la pandemia, no sólo en España, sino en todos los países de la Unión Europea no se ha establecido restricción alguna a la actividad del sector precisamente en atención a su carácter esencial.

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