Alegando “defectos formales”, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció durante la jornada del lunes la anulación de la zona de bajas emisiones de la capital, más conocida como Madrid Central o Madrid 360.
La entrada en vigor -el pasado mes de enero- de la nueva regulación de acceso provocó la ovación de muchos y la indignación de otros, entre ellos, el sector de la logística, concretamente el de la distribución urbana.
La imposición de restricciones y multas afectaba desde dicha fecha a todos los vehículos de reparto de menor tonelaje sin distintivo ambiental. Más de 8.000 furgonetas y pequeños camiones se vieron resignados a frenar su actividad en dichas zonas mientras que, aquellos que pudieron seguir operando –unos 30.000 pequeños camiones-, vieron restringidos sus horarios para las labores de carga y descarga.
No obstante, la implantación de la nueva regulación, según lo prometido, iría acompañada de un plan de ayudas para la renovación del parque de vehículos profesionales, dotado con más de 10 millones de euros que, según indica FENADISMER, no ha visto el sector.
Por todo ello, la Federación ha celebrado la anulación parcial de la ordenanza, ya que supondrá un “respiro para un colectivo que asistía con enorme preocupación a la necesidad de tener que hacer fuertes inversiones inasumibles para renovar sus flotas”.
Mientras el actual Consistorio de Madrid se enfrenta ahora a una disyuntiva, entre recurrir el fallo o mantener la posición que llevó a presentar dicho recurso cuando se encontraba en la oposición, Madrid Central queda en el aire, enfrentándose a la posible anulación de las 815.000 multas impuestas y la devolución de 36 millones de euros.
