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Puerto de Mahón, objetivo principal de la investigación.
Puerto de Mahón, objetivo principal de la investigación.

Una década tras la sombra de la corrupción: la Autoridad Portuaria de Baleares vuelve al punto de mira

De 52 años de cárcel a condenas de 8.500 euros. De esta forma se saldó el Caso Mar Blau, una acusación que pesó durante 11 años sobre la institución pública, investigada por la Fiscalía Anticorrupción por delitos de alteración de subastas y concursos, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho pasivo y activo.

Ahora, un año después de la finalización del caso, la polémica en torno a la mala praxis de la Autoridad vuelve a salir a flote tras la detención de su cúpula de poder el pasado 23 de julio.

Un total de cinco directivos portuarios, entre los que se encuentran Gual de Torrella, presidente del organismo, así como Miguel Puigserver Lloberas, director, y tres ejecutivos -Juan Carlos Plaza Plaza, Armando Parada González, y José Fernando Berenguer Reula- , han sido acusados de un presunto amaño en la adjudicación de la gestión de unos amarres en el muelle de Ponent del puerto de Maó, así como de otras irregularidades.

Concretamente, el caso se ha centrado en un concurso público adjudicado en mayo de 2018 a la empresa Marina Asment, con el que se benefició de la explotación de 154 amarres.

La denuncia sobre las presuntas irregularidades fue presentada por otra empresa náutica, que calificó el proceso como “un concurso a medida” para que la adjudicación fuera a esa empresa en concreto.

Tras el registro de las oficinas, en presencia de los acusados, las sospechas de Anticorrupción se han extendido a otras adjudicaciones, como una instalación náutica en el puerto de Ibiza.

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