Las declaraciones emitidas el pasado miércoles por José María Bonmatí, director general de Aecoc, en las que aseguraba que la prohibición por ley de la carga y descarga de mercancías por parte de los conductores supondría un coste de más de 2.000 millones de euros, siguen provocando reacciones de todo tipo.
En esta ocasión, ha sido la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), quien ha alzado la voz en contra de dichas afirmaciones, agradeciendo que los cargadores “se quiten la careta” y manifiesten a las claras que su único motivo de rechazo a que se establezca tal prohibición es por un simple motivo de ahorro, sin que les importe para nada los posibles riesgos laborales o de salud que tal actividad conlleva.
Lo que además resulta “especialmente ofensivo” para el colectivo de transportistas es el reconocimiento de que la imposición a los conductores profesionales para que realicen dichas tareas les permite obtener un ahorro económico a su costa de nada menos que 2.000 millones de euros, “de los que por supuesto los transportistas no obtienen beneficio económico alguno”.
Asimismo, esta afirmación viene a confirmar la “falsedad del compromiso” de las asociaciones de cargadores manifestado al Gobierno al principio de la pandemia en el sentido de recomendar a sus empresas asociadas que limitaran la participación de los conductores profesionales en dichas tareas para reducir los contagios, conforme a las directrices marcadas por la Unión Europea.
Finalmente, FENADISMER ha recordado a los cargadores que la actual legislación en materia de contrato de transporte ya establece la regla general de que las labores de carga y descarga corresponden al cargador y destinatario respectivamente, por lo que tal afirmación del representante de la asociación de cargadores “supone de facto reconocer abiertamente que dicha obligación se incumple como regla general”.
