“Más de 2.000 millones de euros”. Este sería el coste a asumir por los cargadores en caso de responder a una de las principales demandas del sector del transporte: la prohibición por ley de la carga y descarga de mercancías por parte de los conductores. Según ha afirmado José María Bonmatí, director general de Aecoc, la aplicación de dicha medida “provocaría un nivel de conflictividad enorme por la dificultad que tiene la disposición de medios para facilitar su aplicación”.
Haciendo alusión a la ley de Contrato de Transporte, Bonmatí ha recordado que actualmente está permitido que, a través del acuerdo, “pueda realizarse y remunerarse ese servicio de carga y descarga, y no dejar al acuerdo entre las partes esta cuestión va en la dirección contraria a la hora de dotar de mayor flexibilidad y competitividad a la cadena de suministro”.
En opinión de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) estas declaraciones son “injustas, indignantes y velan, únicamente, por los intereses de las empresas cargadoras y sus clientes, sin importarles un bledo las consecuencias que esta medida supone para el transporte de mercancías por carretera”.
Con estas declaraciones, aclaran, “AECOC está entorpeciendo las negociaciones que el transporte de mercancías mantiene con el Gobierno, con el objetivo de construir un marco normativo justo para nuestro sector y evitar así que el servicio que prestamos, y que da vida a nuestra sociedad como ha quedado claramente demostrado durante esta pandemia, se detenga los próximos días 27 y 28 de julio para los que hay convocado un cese total de la actividad del transporte.”
