“Extemporáneas y, en cualquier caso, insuficientes”. De esta forma califica la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias, Amadei, las medidas adoptadas por el Ejecutivo ante la crisis sanitaria. Según considera y solicita la institución, la solución debería pasar por la exención de pago de las rentas de todos los centros de negocio cerrados a consecuencia del coronavirus.
La problemática del cierre de los negocios, apunta Amadei, se ha abordado de “forma tardía”, denunciando que “si no se pueden utilizar los locales, oficinas y naves por la medida del cierre decretada por el Gobierno, no se entiende por qué hay que abonar las rentas de los mismos, aunque sea de forma fraccionada y aplazada en el tiempo”.
En esta coyuntura, la asociación reclama la exención del pago de las rentas con cargo a fondos públicos para paliar el perjuicio sufrido por los arrendatarios, puesto que “el incumplimiento de su prestación para con el arrendatario -el goce del local- no le es imputable, sino que es un incumplimiento sobrevenido y no culposo, impuesto por imperativo legal”.
Asimismo, advierte que “en el caso de arrendadores que no sean grandes tenedores, se establece un horizonte evidente de clara conflictividad judicial, dado que no se especifica la obligatoriedad del arrendador de aceptar la propuesta de aplazamiento del pago de la renta ni tampoco se concretan los términos de dicho aplazamiento, ni siquiera cómo deben establecerse las comunicaciones entre las partes”.
Por otro lado, ha hecho notar que en el Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril de 2020 “no se instrumenta programa específico de ayudas transitorias de financiación para el caso de que la parte arrendadora no acepte ninguna propuesta de aplazamiento, discriminando claramente a los arrendatarios comerciales de los de vivienda”.
