Un “proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política”.
En respuesta a la llamada de acción urgente que la comunidad científica estaba reclamando para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía, el Gobierno se ha comprometido a cumplir 30 líneas de acción como muestra del compromiso y la prioridad otorgada a esta situación.
El objetivo de la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental es “lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo”, para lo que el Ejecutivo adoptará 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días de Gobierno. Entre ellas está la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de la descarbonización para conseguir la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que asegure la participación de los jóvenes.
Los primeros cien días para el transporte
Entre las cinco medidas que el gobierno se ha propuesto cumplir en los primeros 100 días de mandato, que funcionarán a posteriori como marco regulatorio fundamental para el resto de acciones, dos de ellas afectan al sector logístico de manera directa. De esta forma, el Consejo se ha comprometido a:
– Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100 por 100 renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro.
– Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.
Acción transversal
La declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, frente a la emergencia climática y ambiental.
Así, además de los puntos 1 y 5, anteriormente descritos, también cabe recalcar otras propuestas que pueden llegar a afectar a la logística nacional. Entre ellos están:
9. Identificar los colectivos vulnerables en este proceso de transformación económica y desarrollar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios y frenen posibles incrementos de las desigualdades.
10. Salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas, no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los actualmente vigentes.
17. Fomentar medidas para la alcanzar una movilidad sostenible, intermodal y conectada, que orienta el tejido empresarial español hacia el lugar donde van a estar las ventajas competitivas en el futuro, mejore la calidad del aire de nuestras ciudades y la salud de la ciudadanía. Se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.
Según el Gobierno, “se trata de un esfuerzo coherente con el aumento de ambición a 2030 anunciado por la Comisión Europea: incrementar el actual objetivo de reducción de emisiones a 2030, un 40 por 100 para el conjunto de la Unión Europea (UE), a una horquilla entre el 50 por 100 y el 55 por 100.”
