Desde la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA) lamentan el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid en relación con la moratoria de Madrid 360. En este sentido, se permitiría que los vehículos de menos 3.500 kilogramos, sin distintivo medioambiental, pudieran seguir un año más circulando por la zona de Madrid Central.
Según apuntan en el comunicado, la Asociación “denuncia la imposibilidad de adaptar el sector a los nuevos requerimientos medio ambientales” y auguran un desabastecimiento en comercios, hoteles y restaurantes del centro de la capital española.
Como informábamos la semana pasada en Cuadernos de Logística, a partir del 1 de enero de 2020, los vehículos de menos 3.500 kilogramos no podrán circular por el distrito centro sin la respectiva etiqueta ambiental. “Se abre un horizonte sombrío, en el que el transporte madrileño se ve abocado a una difícil situación”, señala ATA en el comunicado.
Partiendo de la base de la voluntad de asumir objetivos medioambientales, los transportistas denuncian, una vez más que todavía queda mucho camino por recorrer. En primer lugar, aseguran una falta de infraestructuras necesarias para la recarga de furgonetas eléctricas, además del sobrecoste de estos vehículos con energías alternativas, “inasumible” según apuntan desde la asociación.
En este sentido, los transportistas madrileños lamentaron que las subvenciones anunciadas para la renovación de flotas, “están por llegar”, así como que “no queda del todo claro quiénes se podrán beneficiar, ya que al ser ayudas municipales sus destinatarios serán aquellos que estén domiciliados en el término municipal de Madrid, y todos sabemos que la mayoría de los transportistas que operan en Madrid tienen su domicilio en la periferia”.
Tal como ha denunciado la plataforma Madrid Sostenible, tras la celebración de la Junta de gobierno del Ayuntamiento, el coste ambiental que generan estos vehículos supone sólo el 1,6 por 100 del total que genera el tráfico en la zona centro. Sin embargo, esta situación afecta al 30 por 100 de las furgonetas que reparten en Madrid y que si nadie lo remedia puede tener una repercusión enorme en el abastecimiento y los servicios de la ciudad.
ATA denuncia la improvisación de la medida por sus graves consecuencias, ya anunciadas en numerosas reuniones al tiempo que lamenta y la insensibilidad de los responsables municipales con un sector fundamental para el mantenimiento de la calidad de vida de los madrileños. Un verdadero Plan para la movilidad sostenible no puede consistir sólo en prohibir, siempre debe de llevar en paralelo alternativas asumibles y sostenibles desde el punto de vista del medio ambiental, social y económico.
