A raíz de las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mostrándose favorable a los objetivos que persigue la Alianza Europea por la Carretera y a la inclusión de España en la misma, desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) han querido realizar una análisis basado en que dicha Alianza, a pesar de nacer con el objetivo de luchar en contra de las malas prácticas y de mejorar los derechos de los trabajadores, no contempla diversos factores que podrían estar en contradicción con el cumplimiento de dichos derechos.
En este sentido, la CETM ha segurado que en esta Alianza solo están representados 28 países, por lo que, según ellos, “difícilmente se logrará una interpretación uniforme que permita frenar estas prácticas”. Además, tal y como asegura la CETM, con dicha Alianza se plantea un enfrentamiento entre los intereses de los países centrales, partidarios de cambiar el modelo actual con medidas más restrictivas, y los periféricos como España, “que defienden la flexibilización”.
Por otro lado, comentan desde CETM que, aunque sí que es esencial ponerse cuanto antes a desarrollar un plan armonizado “que luche en contra de problemas como el dumping social, las empresas buzón y la competencia desleal”, lo que “no podemos hacer es aliarnos o apoyar planes con países que, lejos de buscar la cohesión, únicamente se preocupan por proteger sus mercados interiores”, lo que trae como consecuencia, que se opongan “sistemáticamente” a la puesta en marcha de medidas como:
• Reconocer a los transportistas como trabajadores itinerantes y no desplazados.
• Dar al cabotaje “unas normas más sencillas” como permitir un número indeterminado de operaciones de cabotaje en los cinco días siguientes a la realización del transporte internacional.
• Flexibilizar el reglamento 561/2006, con el objetivo de facilitar al conductor que pueda disfrutar de su descanso semanal en casa.
• Permitir a los conductores realizar el descanso semanal en las cabinas de los vehículos.
• Establecer una normativa comunitaria con un planteamiento común para todos los Estados miembros que regule la figura del salario mínimo.
