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El conflicto de Boyacá trae "graves consecuencias para los quioscos y los ciudadanos"

Tras desatarse el conflicto, el derecho a la libertad de información de los ciudadanos se ve afectado y no han dejado de producirse numerosos problemas de orden público que no han sido atajados por el momento.

Desde que el pasado viernes 20 de julio se desatara un conflicto entre los transportistas autónomos que realizan el reparto de prensa y revistas en la Comunidad de Madrid y la empresa de distribución Boyacá, se han venido desarrollando numerosos altercados que están afectando "de forma muy evidente" en el derecho a la información del ciudadano y en la actividad de los quioscos y tiendas de prensa, último eslabón en la distribución de productos editoriales y, además, un sector que "ha sido castigado desde hace ya años por la aparición y desarrollo de las tecnologías digitales". 

Así lo ha expuesto CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, alertando de las graves consecuencias que está trayendo este conflicto desde distintos puntos de vista. 

Además, por otro lado, la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid, miembro de CEIM, también ha advertido de cuál es la situación del sector, "en una posición difícil en relación a un conflicto que no han provocado y que no debería afectarles". Sin embargo, la falta de servicio de reparto, el boicot a los medios alternativos que se han puesto en marcha y la presión directa en los puntos de venta, "han convertido la situación en insostenible para muchos quioscos y tiendas de la Comunidad, habiéndose convertido además en una cuestión de orden público", señalan con preocupación.

Por otra parte, la falta de servicio afecta igualmente a la imagen de estos negocios, muy cercanos a los ciudadanos, y además a la venta de otros productos que de forma indirecta se adquieren en estos establecimientos, "con la pérdida adicional que ello supone".

Finalmente, la falta de productos editoriales en los quioscos y tiendas de prensa "afecta de forma evidente al derecho a la información de los ciudadanos", derecho fundamental susceptible de protección pública, que se constituye como una necesidad social básica para el funcionamiento democrático de las sociedades. Siendo ello así, "esta situación no puede perpetuarse en el tiempo", por lo que desde CEIM aseguran que se debe hacer lo necesario por arbitrar alguna solución que termine con el conflicto de forma inmediata.

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