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De derecha a izquierda; Francisco Caamaño, de CCS Abogados, Carmelo González, vicepresidente de CETM y Miguel Caamaño de CCS Abogados.
De derecha a izquierda; Francisco Caamaño, de CCS Abogados, Carmelo González, vicepresidente de CETM y Miguel Caamaño de CCS Abogados.

Más de 6.000 demandas de transportistas afectados por el cártel de camiones

Ya suman más de 6.000 las demandas por parte de los 4.300 transportistas que se han visto afectados por el cártel de fabricantes de camiones, que ha traído consigo un perjuicio para los profesionales del transporte, que adquirieron sus vehículos con un sobrecoste mínimo del 12,5 por 100.

Todos ellos son clientes de CSS Abogados, compañía que ha firmado un convenio con CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías), para llevar a cabo la reclamación de este sobrecoste que asumieron en la compra, leasing o renting, entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011, de camiones de más de 6 toneladas de marcas como MAN, Volvo, Renault, Daimer, Mercedes, Iveco, DAF y Scania.

Así lo confirmaron ayer Carmelo González, vicepresidente de CETM, Miguel Caamaño, socio director de CCS Abogados y Francisco Caamaño, ex Ministro de Justicia y ex letrado del Tribunal Constitucional, durante un desayuno informativo con la prensa en el que detallaban novedades procedentes de Europa sobre el asunto, haciendo énfasis en que en Alemania ya se ha dictado la primera sentencia estimatoria y cuyo resultado da la razón a un empresario demandante. Un hecho que, ellos mismos, han considerado relevante para los intereses de todos los afectados por dicho pacto en España.

Del mismo modo, hicieron referencia a otra de las novedades más recientes. Y es que Scania, compañía fabricante que hasta el momento había negado su participación en el cártel, ahora, por ser responsable del mismo, será sancionada con una multa de 881 millones de euros. Una sanción ya confirmada por la Comisión Europea y que se argumenta sobre la base de que ellos “han llevado a cabo las mismas prácticas que el resto de fabricantes señalados”.

En cuanto a la situación en la que se encuentran actualmente los transportistas en España que se han visto afectados por este pacto, durante el encuentro se hizo énfasis en que el 60 por 100 de los camiones adheridos ha remitido ya la documentación completa e informes técnicos, lo que permite cifrar que el precio medio de compra por vehículo oscila entorno a 70.000 euros. Este dato, con el efecto cártel (incluyendo el interés legal de dinero) permite calcular que la posible indemnización sobre el precio original de compra por camión podía oscilar entre el 15 por 100 y el 20 por 100.

Los abogados señalaban que, lo más probable, es que este año se dicte sentencia en España, aunque no será en juzgados de Madrid ni Barcelona por la saturación de los mismos.

También se comentó que la responsabilidad sólo le corresponde al fabricante y no así a los concesionarios que emitieron los vehículos. Además, destacaban que este es un asunto complicado porque cada país tiene su regulación, es diferente y pasa lo mismo con las marcas e incluso los modelos de los camiones afectados. Otra complicación que se suma a ello es que en Alemania y España los procedimientos legales no son los mismos, pero que aquí se aplicará la “solidaridad plena” un concepto algo nuevo en nuestro país pero que implica que aquel fabricante que haya formado parte del pacto deba responder teniendo en cuenta todo el contexto del sector. Es decir, si un transportista compró otra marca en lugar de Scania por ese sobrecoste, esta situación también es responsabilidad de dicha marca.

Este fraude, al que las compañías fabricantes sólo responderán con sanciones económicas, no tiene ninguna implicación legal, puesto que se trata, a efectos legales, de un caso de sanción administrativa.

Finalmente, Carmelo González quiso dejar claro que desde la CETM han “lanzado varios guiños” al Gobierno. En este caso al Ministerio de Fomento para que aporten su apoyo a los transportistas afectados.

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