Una vez aceptada por parte de patronal y sindicatos, el Ejecutivo estaría dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido de la mediación.
Hoy, lunes 3 de abril, es un día clave en el conflicto de la estiba y su liberalización por mandato de la Unión Europea, tras la aceptación del Gobierno, el pasado viernes, de la propuesta realizada por el mediador. Con esta propuesta –según fuentes de Fomento- se consiguen tres objetivos esenciales: el mantenimiento del 100 por 100 del empleo, la mejora de la competitividad de los puertos y un plan de ayudas extraordinario del Gobierno para la transición del modelo. Ahora serán patronal (Anesco) y sindicatos quienes expresen su aprobación o rechazo.
Tras una valoración inicial de la propuesta de mediación sobre los efectos laborales de la nueva ordenación laboral del sector de la estiba realizada esta tarde por el mediador, Marcos Peña, el Gobierno ha anunciado su aceptación y, “aunque no es la propuesta realizada por el Ejecutivo, se asume el documento, como solicita el mediador, al objeto de buscar la mejor transición del modelo”, señalan desde el Ministerio de Fomento.
El Gobierno ha anunciado además que, a tales efectos, estaría dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido de la mediación.
Por otra parte, respecto a la propuesta realizada el pasado jueves 30 de marzo por patronal y sindicatos, Fomento remarca, una vez más, que uno de sus puntos principales, la subrogación por ley de los trabajadores no es posible, tal y como ha quedado demostrado con el escrito de la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, y remitido al titular del departamento, Íñigo de la Serna.
La asunción por parte de la Administración General del Estado de la diferencia salarial entre un trabajador nuevo y un trabajador subrogado y las jubilaciones anticipadas prolongadas en el tiempo hasta el dimensionamiento óptimo de la plantilla, contenidas en la propuesta de patronal y sindicatos, tendrían un coste inasumible para el erario público, según la valoración realizada, de 2.415 millones de euros, lo que supondría una enorme discriminación con respecto al resto de trabajadores de este país. La propuesta inicial de ayudas del Ejecutivo se situaba en el entorno de los 120 millones de euros.
