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REUNIÓN ANUAL DEL CNTC, FOMENTO y CC. AA.

El transporte por carretera reclama más medidas proteccionistas

Ayer, 14 de diciembre, se celebró en la sede del Ministerio de Fomento la reunión anual de las asociaciones nacionales de transporte que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera con los directores generales de Transporte del Ministerio de Fomento y de las Comunidades Autónomas para analizar la situación del sector del transporte de mercancías por carretera.

El director general de Transporte Terrestre expuso en primer lugar los datos sobre evolución del sector en el último año, en el que se ha producido un incremento de la flota de transporte en un 3,2 por 100 (más de 6.400 vehículos nuevos), para una flota media en transporte pesado en 3,7 vehículos por empresa, así como en un incremento continuado de la demanda de transportes en los 3 primeros trimestres del año, resaltando, sin embargo, la disminución de los precios que perciben los transportistas.

En materia normativa se espera el inicio de la tramitación del nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres en el que se regulará el requisito de la honorabilidad, la definición del gestor (capacitado) y su vinculación a la empresa, así como la regulación de los requisitos de acceso al mercado, con el compromiso del Ministerio de Fomento de mantener el requisito de flota mínima, pese al cuestionamiento judicial tanto nacional como europeo al que está sometido.

Por su parte, el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera planteó las siguientes cuestiones de actualidad:

  • La exigencia de inspeccionar todos los cursos de formación CAP contínua para conductores profesionales, para evitar irregularidades.
  • La equiparación entre las diferentes Comunidades Autónomas del nivel de exigencia para la obtención del título de competencia profesional para el transporte.
  • El mantenimiento del Plan anual de ayudas a la formación del Ministerio de Fomento.
  • Rechazo absoluto a la eliminación del requisito de flota mínima y de exigencia de antigüedad para acceder al sector.
  • Preocupación por la situación de distorsión y de “efecto frontera” por la aplicación diferente del impuesto autonómico sobre los carburantes.
  • Rechazo al establecimiento de peajes por parte de las Comunidades Autónomas.
  • Oposición a las medidas proteccionistas que están planteando otros Estados de la Unión Europea (salario mínimo) que restringen el principio de libre circulación de mercancías.

Igualmente, el presidente de FENADISMER expuso lo que  a su entender son las principales medidas que deben adoptarse para apoyar al transporte español tanto a nivel estatal como autonómico:

  • El rechazo absoluto a la pretensión de las diferentes Administraciones de establecer gravámenes a los vehículos de transporte, “como modo fácil de obtener más recaudación con cargo al sector del transporte por carretera, tal y como ha hecho, por ejemplo, Guipúzcoa”.
  • Apoyo activo al mantenimiento del requisito de flota mínima ante los diferentes ataques que está sufriendo desde diferentes instancias, por ir en contra de los sucesivos Planes Estratégicos del sector de transporte de mercancías, que traería como consecuencia la entrada masiva y desordenada de nueva mano de obra al sector y la “uberización” del transporte de mercancías.
  • Necesidad de regular a nivel nacional medidas que eviten las actuales situaciones de dumping social que ocasionan las empresas deslocalizadas (empresas buzón) en perjuicio del actual tejido empresarial español. El proceso de “rumanización” del transporte en España es tan grave que el 25 por 100 del transporte internacional español es realizado por empresas de países del Este europeo.
  • La armonización fiscal entre las diferentes figuras empresariales, para evitar distorsiones en función del tamaño de la empresa.
  • La implantación de la Administración electrónica en materia de transporte a partir de 2017 por parte del Ministerio de Fomento y de las Comunidades Autónomas debe llevarse a cabo para facilitar la relación entre la Administración y los administrados, evitando crearle nuevas cargas burocráticas o que dificulten su aplicación. 
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