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Antoni Cañete (izquierda), presidente de la PMcM, y Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda. 

Antoni Cañete (izquierda), presidente de la PMcM, y Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda. 

Tolerancia cero a la morosidad

La III Cumbre político-empresarial sobre el incumplimiento de pago, promueve un gran pacto con los partidos y los grupos del arco parlamentario y exige un imprescindible régimen sancionador

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha promovido un gran pacto con los partidos y los grupos del arco parlamentario para el cumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores de 30 días en las Administraciones Públicas y 60 en el entorno empresarial, tal y como dicta la actual legislación. La propuesta se ha lanzado durante la III Cumbre Político-Empresarial celebrada en Madrid.

La cumbre ha contado con la participación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la directora de Emprendeduría y Pymes de la Comisión Europea, Joanna Drake; el director de la Representación en España de la Comisión Europea, Francisco Fonseca; así como representantes de partidos políticos como el PSOE, PP, Izquierda Unida, Grupo Catalán, Grupo Vasco y UPyD.

Gobierno y partidos políticos han coincidido en que es necesario que haya un consenso unánime para conseguir acabar con esta problemática que se ha intensificado en los últimos años. La morosidad ha causado el cierre de unas 400.000 empresas, principalmente pymes, desde el inicio de la crisis en España.

Por ello, las fuerzas parlamentarias se han adherido al Manifiesto Tolerancia Cero con la Morosidad de la PMcM. De cumplirse las propuestas que contiene, “no solo se acabaría con la dilación abusiva de los plazos de pago a proveedores, sino que estaríamos ante de un compromiso político que permitirá no crear más trampas para saltarse legalmente los plazos de pago”, afirma el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. Según su último informe, el plazo medio de pago del sector privado pasó de 93 días en 2012 a 85 en 2013, frente a los 60 días que marca la ley. Por su parte, el período de pago del sector público mejoró en 30 días, reduciéndose de 141 días en 2012 a 111 en 2013, cifra que, aun así, casi cuadruplicaba el máximo legal (30 días).

Tolerancia Cero con la Morosidad
Este manifiesto aboga por un acuerdo de tolerancia cero frente a la morosidad. Se trata una declaración de intenciones que hace especial foco en una de las reivindicaciones clave en el planteamiento de esta entidad: el régimen sancionador, con el que se pretende multar a las empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos establecidos por ley.

Para Cañete, “un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pagomáximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad. Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.

El Manifiesto Tolerancia Cero con la Morosidad también recoge otras propuestas para reducir de forma efectiva esta práctica. Entre éstas, la PMcM propone implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial, como la figura del mediador que tanto éxito ha tenido en Francia. Asimismo, se contempla crear un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratistas; y desarrollar un Observatorio contra la Morosidad que incluya la participación activa y explícita de la PMcM. La puesta en marcha de esta plataforma permitiría conocer con rigor el comportamiento en los pagos en nuestro país.

El manifiesto lo completan otras medidas que hacen referencia a los gastos y costes inherentes al cobro de facturas fuera de plazo deben ser abonados por el comprador, siendo irrenunciable el derecho a recibir intereses de demora. Otra de las consideraciones recogidas en el documento es que se debe implementar en la práctica la reserva de dominio, que es un derecho recogido en la Ley contra la Morosidad, pero muy difícil de ejercer en la realidad empresarial.

El Ministro de Hacienda señaló que en el transcurso de la legislatura se ha avanzado mucho en la lucha contra la morosidad y que ya existen mecanismos legales que han dotado al Gobierno y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de capacidad de actuación ante el incumplimiento de pago por parte de una Administración, permitiendo intervenir en este proceso de pago, y poder llegar a pagar al proveedor.

Por su parte el presidente de FENADISMER, Julio Villaescusa ha manifestado que las decisiones políticas son importantes y por eso se insiste en que se legisle. “Nosotros, en el sector del transporte, no hemos logrado reducir los plazos de pago, pero si que se nos pague y para ello ha sido muy importante la acción directa, que ya forma parte de la legislación específica del sector”.

En lo que todos los grupos políticos e integrantes de la plataforma multisectorial coinciden (salvo el PP, que ya se opuso a este medida en 2014) es en la necesidad de implantar un régimen sancionador: “si no se sanciona nunca se cumplirá la Ley”.

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