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La Comisión Europea aprueba las ayudas de 1.280 millones a Correos por el desempeño de su actividad pública

Bruselas ha dado su visto bueno a los 1.280 millones de euros que el Gobierno Español concedió a Correos en compensación por su misión de servicio público entre 2011 y 2020. La Comisión Europea ha tomado esta decisión tras considerar que la medida respeta las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

“El acceso fácil a los servicios postales es vital para todos los ciudadanos de la Unión Europea. La decisión de hoy permite a Correos seguir ofreciendo servicios postales básicos en toda España a precios asequibles, sin distorsionar de forma indebida la competencia”, según ha afirmado en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

¿Cuál es la base de esta millonaria inversión?

El pasado mes de enero, España informó a la Comisión Europea de que pensaba compensar a Correos con 1.280 millones de euros por llevar a cabo su obligación de servicio postal universal durante el periodo 2011-2020, lo cual incluye ofrecer unos servicios básicos en todo el país “a precios asequibles y con ciertos requisitos mínimos de calidad”.

El Ejecutivo comunitario examinó la medida de acuerdo con las normas de la UE sobre compensaciones por realizar servicios públicos. Esas reglas permiten a los Estados miembros compensar a empresas por los costes adicionales derivados de desempeñar su misión de servicio público, si se respetan ciertos criterios.

Según Bruselas, en cualquier caso, siempre se debe evitar la sobrecompensación y evitar así las distorsiones en la competencia. Y la Comisión Europea ha constatado que la ayuda española garantiza que no tenga lugar dicha sobrecompensación, puesto que el apoyo estatal no sobrepasa el coste neto de la misión de servicio público.

“En particular, el modelo español garantiza que los descuentos concedidos a ciertos clientes no incrementan el coste neto de forma indebida”, ha reconocido la CE. Bruselas, además, considera “muy importante” que el Estado no compense las pérdidas derivadas de esos descuentos, ya que “no son resultado de las obligaciones impuestas al proveedor del servicio universal”.

Bruselas también ha rechazado una queja presentada en marzo de 2019 por dos organizaciones que consideraban que Correos había recibido ayudas públicas ilegales y destacaban, en particular, la necesidad de evitar que los descuentos ofrecidos por la compañía postal los compensara el Estado.

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