La desconvocatoria de la huelga ferroviaria anunciada ayer, 10 de febrero, por UGT, CCOO y SEMAF tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no ha cerrado completamente el conflicto en el sector. El Sindicato Federal Ferroviario de CGT (SFF-CGT) decidió mantener los paros convocados para los días 10 y 11 de febrero, lo que ha generado nuevas incidencias en la circulación, incluidas las relacionadas con el transporte de mercancías.
Como informó este medio ayer, el acuerdo suscrito en sede ministerial contempla una inversión adicional de 1.800 millones de euros en mantenimiento, la creación de 3.650 empleos —2.400 en Adif, 1.200 en Renfe y 50 en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF)—, así como la modificación de determinados aspectos normativos y la constitución de grupos de trabajo en materia de seguridad y mantenimiento.
Los sindicatos firmantes defendieron públicamente que el pacto incorpora medidas estructurales para reforzar la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gelida y confirmaron la suspensión de los paros. Sin embargo, CGT sostiene que el contenido del acuerdo es insuficiente y cuestiona tanto el proceso negociador como su alcance real.
En declaraciones realizadas a C de Comunicación, el sindicato señala que no participó en la negociación final pese a ser convocante de la huelga y que el texto presentado no introduce cambios sustanciales en el modelo ferroviario. También expresa dudas sobre la concreción de algunas partidas de inversión y sobre el impacto efectivo de los grupos de trabajo anunciados en materia de seguridad.
Incidencia en mercancías y operadores
Durante la jornada del día 10, los servicios mínimos en mercancías se situaron en el 21%, lo que ya reflejaba una reducción significativa de la capacidad habitual. Tras la revocación de la resolución de servicios mínimos para los días 10 y 11, parte de la plantilla pudo acogerse al derecho a huelga sin limitaciones, lo que ha generado cancelaciones adicionales y dificultades para prever con antelación la salida de determinados trenes.
CGT considera que el acuerdo alcanzado con Transportes se centra principalmente en las entidades públicas —Adif y Renfe— y no aborda de forma específica la situación de las empresas privadas ni del transporte de mercancías. El sindicato también cuestiona que las medidas anunciadas, vinculadas en parte a futuras leyes presupuestarias, puedan materializarse en el corto plazo.
Al cierre de esta edición, C de Comunicación ha intentado recabar la valoración de los sindicatos firmantes del acuerdo y del Ministerio. Hasta el momento no se ha recibido respuesta adicional más allá de los comunicados públicos difundidos tras la firma del pacto.
